Las comisiones legislativas responsables de seguridad y análisis jurídico en el Senado dieron luz verde a una reforma legal que reestructura el marco normativo nacional de protección ciudadana. La medida busca potenciar las funciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), actualmente dirigida por Omar García Harfuch.
Procedimiento y votación
Durante una sesión extraordinaria celebrada el fin de semana, los legisladores examinaron dos iniciativas: una para sustituir la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública vigente desde 2009, y otra para establecer un régimen especial de inteligencia y recolección de información en materia de seguridad.
Los análisis técnicos y jurídicos condujeron a votaciones separadas. En la Comisión de Seguridad Pública, presidida por Lucía Trasviña Waldenrath, los resultados fueron de 6 votos a favor y 2 en contra para el primer proyecto, mientras que en la Comisión de Estudios Legislativos, bajo la dirección de Enrique Inzunza Cázarez, obtuvo 10 votos positivos y 2 negativos.
Contenido normativo
La propuesta incluye la formación de un Sistema Nacional de Información que integre bases de datos accesibles para instituciones de seguridad, justicia y centros correccionales, así como los Centros de Comando y Control (C5). Este mecanismo busca facilitar el intercambio constante de información entre dependencias para optimizar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y otros programas de alcance estatal y federal.
Polémicas y posicionamientos
Senadores del PRI manifestaron inquietudes sobre posibles riesgos de espionaje gubernamental y la consolidación de un modelo de seguridad con predominio militar. Miguel Ángel Riquelme, representante del partido tricolor, alertó sobre amenazas a la privacidad ciudadana y la existencia de un sistema de inteligencia sin supervisión judicial, afirmando que el gobierno federal está “construyendo una dictadura perfecta” bajo el pretexto de modernización.
En contraste, Juanita Guerra, legisladora de Morena, defendió la iniciativa como un avance fundamental para actualizar las herramientas legales disponibles, fortalecer la coordinación institucional y reducir los índices delictivos. “La renovación legal es crucial para una acción más eficaz y organizada en la protección ciudadana”, aseguró.
Reacciones externas
Organizaciones civiles y fuerzas políticas opositoras han señalado la celeridad en la aprobación de normativas recientes relacionadas con seguridad e inteligencia. Critican que temas tan sensibles como la Guardia Nacional y sistemas de vigilancia “no han sido suficientemente debatidos ni socializados con la sociedad”.