Noticias Nacionales
Diálogo gubernamental y controversia por sistema de identidad única
Ante la presión social derivada del caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde se descubrieron evidencias de un centro de exterminio, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estableció comunicaciones con organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas a través de la Secretaría de Gobernación.
Reuniones y propuestas legislativas
Desde abril, la Secretaría de Gobernación sostuvo encuentros con más de mil representantes de 450 colectivos familiares a nivel nacional, resultando en la recolección de al menos 570 sugerencias para reformar normativas sobre desapariciones. La iniciativa surgió como respuesta a la demanda ciudadana.
El 23 de junio se anunció que se presentarían 30 modificaciones a 23 artículos de la propuesta original enviada en marzo por la Presidencia, relacionadas con la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Sistema Nacional de Búsqueda.
Controversias por vigilancia digital
Entre las modificaciones se encuentra la creación de una Plataforma Única de Identidad con datos biométricos y registros administrativos de servicios financieros, transporte, salud, telecomunicaciones, educación y otros. Esta información sería gestionada por la Agencia de Transformación Digital.
Organizaciones como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) y la Unión y Red Nacional de Búsqueda expresaron preocupación, señalando que “la iniciativa tiene como objetivo imponer un sistema de vigilancia masiva que no sirve para la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos y que puede ser peligroso para la seguridad de todas las personas en México”.
Legislación paralela y cuestionamientos
Paralelamente, se aprobó la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que permitirá interconectar bases de datos públicas y privadas con acceso “en tiempo real”. La Red3D de derechos digitales destaca que esto incluye información biométrica, telefónica, bancaria y de salud.
Según legisladores del partido oficialista, el acceso a estos datos requiere orden judicial. Sin embargo, organizaciones ciudadanas cuestionan la gestión de información sensible en México, recordando casos como el comercio irregular del padrón electoral en mercados informales.
Demanda de transparencia legislativa
Un grupo conformado por más de cien colectivos de familiares busca que el Senado realice sesiones de parlamento abierto para debatir las reformas propuestas. La principal inquietud es evitar que las mejoras en la búsqueda de desaparecidos se conviertan en herramientas de vigilancia gubernamental.