Economía y Finanzas Públicas
Senado aprueba reformas antilavado con mayor control a depósitos y vigilancia a figuras políticas
Reformas aprobadas por mayoría
El Senado de la República dio su aval a modificaciones en la legislación contra el lavado de dinero, buscando alinearse con estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Con una votación de 74 a favor, 13 en contra y 19 abstenciones, los cambios afectan múltiples aspectos del combate a flujos ilícitos de capital.
Fortalecimiento de instituciones
Se ampliaron las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la lucha contra financiamiento terrorista y narcotráfico. La reforma establece que la Fiscalía General de la República (FGR) debe informar automáticamente a la UIF sobre cualquier delito relacionado con lavado de dinero para coordinar acciones penales y perseguir estructuras criminales.
El Servicio de Administración Tributaria obtiene potestad para solicitar información a cualquier entidad gubernamental u órganos autónomos sobre transacciones financieras sospechosas. Se añadió al artículo 51 de la ley que instituciones federales, locales y municipales deberán entregar datos requeridos por Hacienda.
Vigilancia a sectores específicos
El Instituto Nacional Electoral (INE) estará obligado a facilitar información sobre partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes. Las secretarías del Trabajo, tanto federales como locales, deberán proporcionar datos sobre sindicatos y sus líderes. Petróleos Mexicanos (Pemex) también debe entregar información bajo esta normativa.
“Inicia una persecución a mi punto de vista contra la informalidad, no contra el lavado de dinero”, señaló la senadora priista Claudia Anaya, quien cuestionó que las medidas afecten principalmente a sectores vulnerables.
Modificaciones a umbrales y definiciones
Se ajustaron los límites de transacciones financieras que activan alertas, pasando de pesos a UMAS. Cualquier persona moral que deposite 90 mil pesos en efectivo a una tarjeta de crédito sin estar actualizada en registros de proveedores podría ser investigada por lavado de dinero.
El término de Personas Políticamente Expuestas (PEP) se incorporó formalmente a la ley, obligando a bancos a monitorear operaciones de estos individuos. Se generará un listado oficial de cargos públicos considerados de alto riesgo.
“Al hablar de personas relacionadas, pues es un término muy ambiguo, un familiar, un esposo, un vecino, un compadre, un socio, un empleado”, denunció la senadora panista Guadalupe Murguía sobre la falta de precisión en los términos legales.
Posiciones encontradas en el debate
El senador morenista Óscar Cantón Zetina defendió las reformas como herramientas para combatir redes financieras del crimen organizado. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis posterior.
“Van contra la clase más oprimida como pueden ser los trabajadores informales”, agregó la senadora Claudia Anaya sobre el impacto de los nuevos controles.