Dictamen incluye requisitos de identificación y colaboración con autoridades
El proyecto de dictamen de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que para contratar servicios de internet será obligatorio presentar la CURP. La medida afectará también a usuarios de telefonía móvil, quienes deberán acreditar su identidad oficial con documentos que contengan su Clave Única de Registro de Población o Registro Federal de Contribuyentes.
El texto precisa que “los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones que presten el servicio móvil, únicamente podrán activar y mantener activo el servicio de aquellas líneas que estén asociadas a usuarios finales que hayan presentado una identificación oficial conforme a los lineamientos que para tal efecto emita la Comisión”. Para extranjeros, se aceptará su nombre completo, país de origen y número de pasaporte.
Obligaciones de empresas de telecomunicaciones
La iniciativa obliga a todos los concesionarios a colaborar con instituciones de seguridad y justicia en la localización geográfica en tiempo real de dispositivos móviles, según establezcan las leyes. Además, deberán almacenar registros por un periodo de dos años y entregar la información solicitada en un plazo máximo de 24 horas. Las empresas también tendrán que desarrollar investigaciones encaminadas a evitar el uso de comunicaciones en actividades ilícitas.
Protección a la privacidad y libertades
El documento legislativo enfatiza que “las comunicaciones privadas son inviolables”. Según el texto, solo las autoridades judiciales federales podrán autorizar la intervención de mensajes privados, y eso únicamente a solicitud de la autoridad federal correspondiente o del titular del Ministerio Público de cada estado.
Respecto a la libertad de expresión, el dictamen afirma que “el derecho de información, de expresión y de recepción de contenidos a través del servicio público de radiodifusión y de televisión y audio restringidos, es libre y consecuentemente no será objeto de ninguna persecución o investigación judicial o administrativa ni de limitación alguna ni censura previa”.
Restricciones a propaganda extranjera
El dictamen prohíbe que “los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en el país, transmitan propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos extranjeros”, salvo en casos de promoción turística, cultural o deportiva. También se impide que gobiernos extranjeros utilicen medios de comunicación locales para influir en asuntos internos.
Además, “las plataformas digitales, cuyos contenidos estén disponibles en el territorio nacional, no podrán comercializar espacios publicitarios para la difusión de publicidad, propaganda o cualquier información de gobiernos extranjeros, distinta de aquella que tenga fines culturales, turísticos o deportivos”. La Secretaría de Gobernación será la encargada de supervisar el cumplimiento de esta disposición.
Reorganización de instituciones reguladoras
La propuesta legislativa contempla la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, compuesta por cinco integrantes designados por el Ejecutivo federal. Este órgano asumirá las funciones actualmente a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Paralelamente, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones se encargará de gestionar concesiones orbitales y procesos de requisa.