La empresa estatal mexicana responsable del suministro eléctrico ha activado un conjunto de acciones preventivas y correctivas para mitigar los cortes de energía en áreas específicas del país. La temporada estival concentra el mayor número de interrupciones en el servicio debido al incremento en la demanda energética.

Plan de infraestructura energética

Una inversión equivalente a 1,200 millones de dólares se destina a la construcción de infraestructura eléctrica en zonas con altos niveles de consumo. Esta iniciativa contempla la edificación de dos centros generadores de energía en Mérida y Valladolid, complementados con la instalación de subestaciones en puntos clave como Los Héroes, Dzityá y Progreso.

“Jamás hemos negado que haya apagones; estamos enfrentando una situación heredada con obras reales y coordinación interinstitucional”

El mandatario local destacó que los problemas en la red de distribución derivan de décadas sin mantenimiento adecuado en las líneas de transporte energético. La colaboración entre autoridades federales y estatales impulsa una intervención histórica para resolver estos desafíos estructurales.

Temporada crítica de consumo

El verano 2025 presenta un escenario complejo en materia de abasto energético, pues se espera un duplicado del consumo eléctrico en zonas afectadas por altas temperaturas, principalmente por el uso intensivo de equipos de refrigeración.

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Entre las acciones de supervisión, la directiva principal de la compañía eléctrica, Emilia Esther Calleja Alor, realizó una visita de inspección a las obras de Mérida IV junto con el gobernador Joaquín Díaz Mena. La gira de revisión culminará con un encuentro informativo con medios de comunicación.

Las acciones emprendidas buscan garantizar un suministro eléctrico eficiente y sostenible, atendiendo el rezago acumulado durante años en el sector energético local.

Modificaciones al régimen de retiro

La mandataria federal Claudia Sheinbaum Pardo anunció esta semana la implementación de nuevas disposiciones legales relacionadas con el régimen de jubilaciones, destacando especialmente la disminución progresiva de la edad mínima para acceder al retiro.

Según el documento oficial, solamente tendrán acceso a esta alternativa aquellos empleados públicos que no hayan realizado el traspaso al esquema de pensiones privadas administrado por las AFORES, sino que permanezcan vinculados al régimen tradicional del ISSSTE.

Requisitos específicos y cronograma

Las nuevas disposiciones establecen una reducción escalonada de las edades mínimas para el retiro laboral. Para este año, los varones podrán jubilarse a los 58 años y las mujeres a los 56. Esta edad se reducirá gradualmente hasta estabilizarse en 55 y 53 años respectivamente para ambos sexos.

Se mantiene invariable el periodo mínimo de contribuciones necesarias: 30 años de servicio para los hombres y 28 años para las mujeres.

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Impacto y controversias

La medida afecta aproximadamente al 25-30% de los empleados públicos, estimado en alrededor de 2.1 millones de personas. Quedan fuera del beneficio quienes migraron al sistema privado, ya sea por decisión propia o por circunstancias ajenas a su voluntad.

La iniciativa implica un costo fiscal cercano a los 36 mil millones de pesos, generando críticas por su alcance limitado. Sectores excluidos han manifestado su descontento, considerando que la reforma no resuelve las desigualdades estructurales del sistema pensionario.

Contexto social y político

La decisión gubernamental se produce en un contexto de protestas magisteriales en varias regiones del país. Los recientes bloqueos en el Estado de México, encabezados por representantes del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, son muestra de las tensiones existentes.

Algunos analistas consideran que esta medida podría interpretarse como un gesto conciliador hacia ciertos sectores magisteriales, aunque deja sin respuesta las demandas de amplios grupos de trabajadores públicos.

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha aplicado medidas restrictivas contra tres entidades financieras en México, identificadas como CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, acusadas de facilitar operaciones de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, específicamente vinculado al comercio ilegal de opioides. Estas instituciones habrían colaborado con organizaciones criminales como los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y Beltrán Leyva.

Medidas restrictivas y reacciones oficiales

Las sanciones impiden ciertas transacciones financieras que involucren a estas entidades, según informó la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). Las tres instituciones manejan conjuntamente activos por un valor de 22.000 millones de dólares. La Secretaría de Hacienda de México señaló que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) está realizando revisiones regulatorias, pero hasta ahora solo se han detectado infracciones administrativas sancionadas con multas que suman 134 millones de pesos. La dependencia reiteró que no posee evidencia contundente de actividades delictivas por parte de estas entidades.

“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están ayudando al envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”

Operaciones ilícitas documentadas

Según las autoridades estadounidenses, estas instituciones habrían facilitado el lavado de dinero procedente del narcotráfico y operaciones para la adquisición de insumos en China destinados a la producción de fentanilo. En el caso de Vector, entre 2013 y 2021, un operador del Cártel de Sinaloa utilizó diversas tácticas para blanquear 2 millones de dólares desde Estados Unidos hacia México. Además, de 2018 a 2023, Vector realizó pagos por más de 1 millón de dólares en favor de empresas chinas vinculadas al envío de sustancias químicas con fines ilícitos.

Intercam también está señalada por supuestas reuniones entre ejecutivos y presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación en 2022, donde se discutieron esquemas de lavado de dinero, incluyendo transferencias provenientes de China. Entre 2021 y 2024, una empresa china asociada a un individuo que proporcionaba precursores químicos a México recibió más de 1,5 millones de dólares a través de Intercam.

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Reacciones de las instituciones sancionadas

Vector Casa de Bolsa negó las acusaciones, asegurando que las operaciones mencionadas son transacciones normales con empresas legalmente constituidas. La institución destacó que sus actividades se han llevado a cabo bajo estrictos protocolos de cumplimiento y supervisión financiera. Vector es propiedad del empresario Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien dejó el cargo en 2020.

“Con más de 50 años de trayectoria, nuestra Casa de Bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales. Las inversiones de todos nuestros clientes están 100% respaldadas por los instrumentos de inversión en los que se encuentran invertidas. Reiteramos nuestra plena disposición a colaborar con las autoridades de México y de EE UU para aclarar cualquier duda”

CIBanco, institución que opera desde 1983 y cuenta con más de 170 sucursales, también negó los cargos. Por su parte, Intercam, que atiende a más de 100.000 clientes y tiene presencia en más de 60 sucursales, manifestó públicamente su rechazo a las acusaciones.

Contexto de la relación bilateral

La medida de EE.UU. se enmarca en una política más estricta contra los cárteles mexicanos, mientras persisten críticas por parte de legisladores estadounidenses sobre la supuesta falta de acción de México en la lucha contra el crimen organizado. Durante la Convención Bancaria de Nuevo Vallarta, en mayo de 2025, representantes del Tesoro de EE.UU. se reunieron con altos ejecutivos bancarios mexicanos para discutir estrategias contra el lavado de dinero proveniente de organizaciones criminales.

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