Derechos Humanos y Sociedad
Suprema Corte ordena libertad de Juana Hilda González y revela montaje en caso Wallace
Justicia histórica para Juana Hilda
La Corte Suprema de Justicia emitió una resolución histórica ordenando la libertad inmediata de Juana Hilda González Lomelí, quien ha permanecido encarcelada durante veinte años por un crimen que no cometió. La sentencia, elaborada por el magistrado Alfredo Gutiérrez, marca el cierre de una era en el tribunal más alto del país, justo antes de su renovación completa mediante elecciones ciudadanas programadas para septiembre.
Un caso construido sobre tortura
La resolución judicial determinó que la acusación contra Juana Hilda se basó en pruebas obtenidas mediante tortura y amenazas, declarando nulas todas las confesiones realizadas bajo presión. La mujer fue condenada a 80 años de prisión por el secuestro y muerte de Hugo Alberto Wallace, hijo de la fallecida activista Isabel Miranda, cuya reciente muerte se registró en circunstancias no claras.
Detalles del montaje judicial
Según el documento judicial, Juana Hilda fue arrestada en 2004 tras testimonios que la ubicaban con la víctima en su vivienda capitalina. Inicialmente negó cualquier participación, pero posteriormente ofreció una confesión detallada durante interrogatorios donde fue amenazada con violación y daño a su familia. En esta declaración forzada, admitió haber engañado a Wallace para introducirlo en su apartamento donde otros supuestos cómplices lo atacaron, causando su muerte por infarto. También afirmó que participó en el desmembramiento del cuerpo con una sierra eléctrica y en la eliminación de evidencia fotográfica simulando que la víctima seguía con vida.
Evidencia obtenida ilegalmente
El análisis de la Corte reveló que durante el primer registro policial del inmueble no se encontró ningún elemento incriminatorio, por lo que se levantó la custodia del lugar. Posteriormente, tras la confesión obtenida bajo tortura, las autoridades regresaron y hallaron una licencia de conducir del joven desaparecido y una muestra de sangre en la tina del baño que presentaron como prueba definitiva.
Denuncias de tortura ignoradas
Juana Hilda denunció reiteradamente ante autoridades judiciales que durante su detención en instalaciones de la PGR fue visitada por fiscales sin presencia de su abogado, quienes le amenazaron con violarla y atacar a sus familiares si no confesaba. “Todo ello, si no confesaba los hechos”, recoge textualmente el documento judicial. A pesar de esto, ni la Procuraduría ni los jueces encargados del caso investigaron estas denuncias ni invalidaron las pruebas obtenidas ilegalmente.
Presiones de la Fiscalía
El caso llegó a la Corte después de dos fallos contradictorios de tribunales inferiores que profundizaron la injusticia contra la mujer. El magistrado Gutiérrez propuso no repetir investigaciones, sino ordenar su liberación inmediata. Durante el proceso, la Fiscalía General, dirigida por Alejandro Gertz, presionó intensamente al tribunal para que postergara el caso, argumentando que no era momento adecuado para resolver un asunto de alta relevancia pública debido a la reciente renovación judicial.
Decisión aprobada por mayoría
El fallo fue aprobado en la Primera Sala de la Corte con cuatro votos a favor y uno en contra, este último del ministro Jorge Pardo, quien expresó sus dudas sobre la culpabilidad de la mujer. La sentencia concluye que existen pruebas suficientes para determinar que la confesión fue obtenida mediante presión, intimidación y amenazas, invalidando así todo el caso construido en su contra.