Economía y Finanzas Públicas
Red revelada: empresario estadounidense vinculado al tráfico ilegal de hidrocarburos mexicanos
Operación transfronteriza de combustibles ilícitos
Entre 2022 y 2024, tres empresas radicadas en Nuevo León (Comexperts, Doble Erre Continentales y Comercializadora Atax) despacharon 130 millones de litros de supuestos desechos de aceite a una firma estadounidense vinculada a la familia Jensen, señalada por autoridades de Estados Unidos como receptora de hidrocarburos robados en México.
Las autoridades estadounidenses han identificado a Maxim Crude Oil, empresa propiedad de los Jensen, como intermediaria en el tráfico de combustible entre carteles mexicanos y el mercado estadounidense. Las remesas se canalizaban por la aduana de Piedras Negras, Coahuila, según documentos revisados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Historial delictivo transnacional
El empresario James Jensen ha estado en el radar de las autoridades desde 2011, cuando Pemex presentó una demanda civil en Texas contra él y sus empresas por comercializar en EU condensado de gas sustraído por cárteles en la Cuenca de Burgos. Su esposa Kelly Anne y su hijo Maxwell fueron detenidos en abril de 2025 en Utah bajo acusaciones de ingresar ilegalmente más de 2,800 cargamentos de crudo mediante declaraciones fraudulentas que clasificaban el material como “desechos de aceite”.
El Departamento de Justicia estadounidense amplió las acusaciones en mayo de 2025, vinculando a los Jensen con el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización declarada terrorista por la administración Trump en febrero de 2025. Según la investigación, las operaciones generaron 47 millones de dólares en transferencias hacia México que beneficiaron a organizaciones criminales no especificadas.
Estructura empresarial y vínculos geográficos
Las tres compañías mexicanas involucradas tienen sede en San Pedro Garza García, Nuevo León, considerado el municipio más rico de América Latina. Dos de ellas (Doble Erre Continentales y Comexperts) comparten ubicación en el Parque Corporativo Equus, mientras que Comercializadora Atax opera a menos de un kilómetro en el complejo Arboleda, según registros públicos verificados por MCCI.
El SAT suspendió a Comexperts del padrón de exportadores en octubre de 2022 por incumplimientos fiscales, mientras que Doble Erre Continentales fue dada de baja en agosto de 2021 por similares motivos. No existen registros que vinculen a sus accionistas con otras empresas del sector energético ni experiencia previa en comercio de hidrocarburos.
Infraestructura del esquema ilícito
Para transportar el petróleo desde México, la familia Jensen arrendó 180 vagones cisterna al banco First-Citizens Bank & Trust Company a través de Maxim Crude Oil. Este banco interpuso una demanda civil en marzo de 2025 por impago de 1.8 millones de dólares correspondientes a rentas y cargos acumulados desde mediados de 2024.
El esquema operó durante dos años bajo la titularidad de dos funcionarios militares en la aduana de Piedras Negras: el teniente coronel Jorge Arturo Sánchez Avilés (hasta septiembre de 2023) y el teniente coronel Antonio Orduña Álvarez (hasta septiembre de 2024). Las exportaciones coinciden temporal y técnicamente con la fracción arancelaria señalada en las acusaciones estadounidenses.
Antecedentes históricos
En 2011, Pemex presentó una demanda en Texas contra ocho empresas y dos individuos, incluidos James Jensen y sus compañías Big Star Gathering LTD y Saint James Oil Inc, por su participación en una red de comercialización de gas condensado robado en la Cuenca de Burgos. La paraestatal acusó a Jensen de viajar repetidamente a México para coordinar compras directamente con cárteles que extraían el hidrocarburo mediante tomas clandestinas, robo de pipas y sobornos a funcionarios aduaneros.
La corte no concedió la indemnización solicitada de 300 millones de dólares por falta de pruebas suficientes, aunque documentos internos revelaron que Big Star Gathering, una de las empresas del grupo, reconocía la procedencia ilícita del condensado que comercializaba. Arnoldo Maldonado, dueño de Y Oil & Gas, se declaró culpable de recibir el combustible robado para venderlo posteriormente a empresas como las de Jensen.