Luto en Televisa por partida de activo defensor de trabajadores

El canal más importante del país mostró en su transmisión del 18 de junio un moño negro, señal de luto, en honor a un importante activista por los derechos laborales del sector comunicaciones. Esta simbólica manifestación conmemorativa responde al deceso de un personaje trascendental para los trabajadores de medios audiovisuales.

Identidad del homenajeado revelada

La iniciativa de luto corporativo corresponde al fallecimiento de Patricio Flores Sandoval, destacado sindicalista con más de cuarenta años de trayectoria en defensa de los derechos de quienes laboran en radio, televisión y cine. Su contribución dejó una huella imborrable en las condiciones laborales de múltiples profesionales del entretenimiento nacional.

Ascenso profesional desde Guadalajara

Nacido en la capital jalisciense en 1951, Flores inició su vida laboral como técnico de sonido en emisoras locales. Su compromiso y habilidad lo llevaron a participar en proyectos importantes:

• Colaboró inicialmente en XEQP Guadalajara y posteriormente en Núcleo Radio
• Se integró como operador técnico en Televisora de Occidente
• Llegó a posiciones de liderazgo sindical desde 1979

“Su papel en el SITATYR y la CTM” destacó por su defensa permanente de empleados de televisión, cine y doblaje, no solo en Televisa sino también en TV Azteca y múltiples estaciones regionales.

Legado político y sindical

Durante dos periodos legislativos (2006-2009 y 2012-2015), fungió como diputado federal promoviendo reformas laborales fundamentales. Su presencia en el Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) permitió impulsar mejoras salariales y condiciones de trabajo dignas para miles de empleados.

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Reconocimiento institucional

El gesto protocolario de Televisa no representa un mero formalismo, sino un sincero reconocimiento a quien dedicó su vida a transformar positivamente las condiciones laborales del gremio. Su legado perdurará en cada negociación colectiva exitosa y cada mejora en los derechos de los trabajadores de la comunicación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer el documento preparado por la ministra Margarita Ríos Farjat, correspondiente al caso 49/2021, donde se plantea una redefinición de la prisión preventiva oficiosa bajo criterios de derechos humanos y normativas globales.

Contexto legal del caso

La Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso el caso mencionado contra la ley que incrementó la lista de delitos en legislaciones secundarias que exigen la aplicación de esta medida cautelar.

Propuesta de interpretación

La iniciativa de Ríos Farjat sugiere que se deje de lado la automatización de esta práctica, establecida en el artículo 19 constitucional, permitiendo que sea evaluada por un juez sin necesidad de solicitud previa de la fiscalía, similar a como funciona la prisión preventiva justificada.

“Podemos afirmar válidamente que ‘el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente’ debe interpretarse en el sentido de que la persona juzgadora ordenará oficiosamente, es decir, sin que medie solicitud por parte del Ministerio Público, la apertura del debate sobre el análisis relativo a la aplicación de la medida de prisión preventiva”

Condiciones para su aplicación

La ponente explica que los jueces deberán considerar ciertos requisitos al aplicar esta medida, como la garantía de presencia del acusado, la protección de víctimas y testigos, y la continuidad de las investigaciones.

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El documento también define a esta modalidad como un “instrumento engañoso” para medir el éxito en políticas de seguridad, destacando que debe emplearse únicamente en casos excepcionales.

“La idea de privar preventivamente de la libertad a una persona imputada debe significar una verdadera excepción”, señala el documento.

Impacto y lineamientos posteriores

En caso de ser aprobado, el proyecto implicaría un aumento en las solicitudes de revisión del estatus de detención preventiva. Por ello, se establecen lineamientos como la creación de estrategias logísticas por parte del Consejo de la Judicatura Federal y tribunales locales para gestionar dichas solicitudes.

La nueva interpretación implica que la medida solo se pueda aplicar con base en evidencia documental y con notificación a las víctimas.

“Transitar a un nuevo paradigma sobre la prisión preventiva oficiosa no significa pasar a uno de impunidad, de abuso, ni de debilitamiento de las capacidades del Estado”, dice el proyecto.

Acciones coordinadas

Se instruye a la Judicatura Federal, Fiscalía General de la República, institutos locales de defensa pública y tribunales a elaborar un manual que norme las acciones conforme a esta nueva interpretación.

Delitos excluidos

El proyecto también contempla la invalidez de esta medida en casos de robo a viviendas, robo de carga en transporte y compra o presión sobre votos en procesos electorales.

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En caso de ser aceptado, se ordenará a tribunales y juzgados que dejen de usar criterios previos y adopten esta nueva orientación.

Próximos pasos

La propuesta está programada para su revisión en la sesión del 24 de junio, aunque al ocupar el vigésimo primer lugar en la agenda, se espera que sea discutida en fechas posteriores.

Opciones legales para viviendas abandonadas

La titular del Ejecutivo federal indicó que se estudian alternativas para regularizar la situación de casas en estatus irregular. La funcionaria destacó que la Constitución garantiza la protección de la propiedad privada, aclarando que no se pretende despojar a ningún propietario de su inmueble.

En conferencia de prensa, la mandataria federal comentó que existen aproximadamente 800,000 viviendas no habitadas, ya sea por estar desocupadas o bajo pago de créditos hipotecarios sin ocupación. “No se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece. Eso tiene que quedar muy claro y que no haya duda respecto a eso”, enfatizó la Presidenta.

Regulación sin afectar derechos

Sheinbaum Pardo explicó que las alternativas en estudio buscan evitar que permanezcan en el abandono o en situación irregular miles de inmuebles. “Lo que sería un absurdo es que se mantuvieran abandonadas esas viviendas o en condición de irregularidad”, indicó.

La Presidenta resaltó que cualquier solución debe cumplir con la normativa vigente, evitando afectaciones a trabajadores o fraudes en los procesos. “Cumpliendo la ley, cumpliéndole a los trabajadores que no hubiera ningún fraude de por medio… están viendo las opciones para que esas viviendas no queden en el abandono”, señaló.

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Proceso judicial y censo fundamental

La jefa del Estado mexicano aseguró que cuando exista una determinación judicial sobre la ilegalidad de la ocupación, las autoridades deben actuar conforme a derecho. “(\) sencillamente no podemos cerrar los ojos y decir: ‘ah, pues están ocupadas ilegalmente, no hacemos nada’”, manifestó.

Además, destacó la importancia del censo para identificar la situación específica de cada inmueble, especialmente en casos donde exista un crédito hipotecario vigente. “Tenemos que dar alternativas a esta cantidad de viviendas… pero siempre resolviendo el problema de la propiedad de si hay un crédito de por medio”, concluyó.