Acción colectiva en dependencia federal

Un grupo de activistas identificado como Lleca Escuchando la Calle, A. C., realizó actos de daño en las oficinas centrales de la Secretaría de Gobernación durante una movilización orientada a exigir el reconocimiento legal de derechos para personas transexuales. Los hechos tuvieron lugar en la Ciudad de México el 27 de junio de 2025, alrededor de las 20:36 horas.

Contexto y motivaciones

La protesta surgió con el objetivo específico de llamar la atención sobre la necesidad de reformas legislativas que garanticen derechos fundamentales a la comunidad transgénero. Los manifestantes expresaron su descontento mediante acciones que afectaron infraestructura de la dependencia federal, sin que trascendieran mayores detalles sobre el alcance exacto de los daños.

Marco temporal y ubicación

El evento se desarrolló en la capital del país durante la tarde-noche del día mencionado, concentrándose en las inmediaciones de las oficinas principales de la Segob. La organización responsable del acto se identificó públicamente como Lleca Escuchando la Calle, A. C., manteniéndose el enfoque en la visibilización de sus demandas relacionadas con la transexualidad.

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Informe revela negligencia institucional en tragedia de Tlahuelilpan

Seis años después del siniestro en San Primitivo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un documento donde se establece que la empresa productora de hidrocarburos no actuó oportunamente ante los riesgos asociados a las extracciones ilegales. El accidente del 18 de enero de 2019 provocó la muerte de 138 personas en la comunidad de Tlahuelilpan.

El análisis especial indica que la empresa no cumplió con los protocolos establecidos para prevenir riesgos, ni atendió las disposiciones legales en materia de derechos humanos y protección ambiental. Además, se señala que los sistemas tecnológicos empleados para detectar extracciones ilegales están desactualizados y no permiten una acción rápida ante estas situaciones.

Impacto económico y social sin medidas de reparación

El gasto público generado por la emergencia superó los 85 millones de pesos según el documento presentado el 22 de junio. Sin embargo, no se han implementado acciones concretas para abordar los daños materiales, sociales o ambientales, ni existe un mecanismo integral de apoyo para las personas afectadas.

La CNDH exige la creación de un programa conjunto con autoridades locales y estatales que incluya la participación ciudadana para la recuperación del área afectada y la preservación de la memoria de las víctimas. Señala que el incumplimiento de estos deberes por parte del Estado mexicano representa un patrón de negligencia institucional hacia las comunidades.

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Demanda de prevención y atención integral

El informe destaca que la empresa ha enfocado sus esfuerzos en cerrar puntos de extracción ilegal sin implementar estrategias preventivas frente al creciente fenómeno del robo de combustible. Se le responsabiliza también de garantizar la seguridad de la población y prevenir accidentes de este tipo.

La CNDH inició el expediente de queja en relación con los hechos en Tlahuelilpan debido a su relevancia social, considerando el número de víctimas fatales y heridos, así como la posible participación de autoridades en diferentes niveles de gobierno según la información difundida por medios de comunicación.

Reforma aprobada con polémica

El Senado de México dio luz verde a una propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum enfocada en atender el fenómeno de las desapariciones forzadas. La medida, que incorpora sugerencias de activistas como las madres buscadoras, fue respaldada por legisladores de Morena y sus aliados, pese a un debate intenso con la oposición.

Los diputados de los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano expresaron preocupación por la implementación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos, a la que calificaron como una herramienta de vigilancia gubernamental.

“Es un dardo envenenado”,

afirmó la senadora Imelda Sanmiguel, portavoz del PAN, argumentando que se pondrían en riesgo los datos privados de los ciudadanos.

Defensa de la CURP biométrica

El senador Alejandro Murat, representante de Morena, negó las acusaciones sobre espionaje estatal, asegurando que la CURP biométrica servirá para agilizar trámites y facilitar la localización de personas desaparecidas.

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“La credencial del INE ya contiene fotografía y huellas dactilares”,

recordó, destacando que la reforma aportará mayor certeza en la identidad de los mexicanos.

Jorge Carlos Ramírez Marín, del PVEM, señaló que el uso de datos biométricos ya es común en otras normativas, como el registro de huellas en recién nacidos o el seguimiento en tiempo real de dispositivos móviles.

“Ahora solo se integrarán esos datos dispersos en un sistema único”,

aclaró.

Contenido de la iniciativa

La reforma contempla la creación de una Plataforma Única de Identidad que permitirá el monitoreo constante para seguir las pistas de personas desaparecidas a través de su CURP. La Comisión Nacional de Búsqueda tendrá la responsabilidad de establecer protocolos operativos y coordinar acciones entre niveles de gobierno.

Se introdujeron conceptos como “familia social” y “nombre social” para reconocer vínculos afectivos y la identidad autopercebida de las víctimas. Las fiscalías especializadas verán reforzada su labor, con obligaciones claras para todas las autoridades y mayor participación de las familias en los procesos de investigación.

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Implementación y controles

La Plataforma Única de Identidad se vinculará con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el Banco Nacional de Datos Forenses, permitiendo búsquedas más ágiles. Todas las instituciones públicas y privadas que manejen datos biométricos deberán compartirlos con la Fiscalía General de la República y otras entidades de seguridad.

Los servicios forenses tendrán tres días para registrar en el Banco Nacional de Datos Forenses los resultados de pruebas genéticas y dactiloscópicas de cuerpos no identificados antes de su envío a fosas comunes. También se creará una Ficha de Búsqueda con datos esenciales de cada caso, que se integrará al Registro Nacional de Población.

La CURP biométrica, que contendrá huellas y fotografía, se establece como documento único de identificación nacional, disponible en formatos físico y digital. La Secretaría de Gobernación será responsable de su integración, respetando normas de protección de datos personales.

Resultados de la votación

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada fue aprobada por 89 votos a favor y 13 en contra. La Ley General de Población obtuvo 69 votos a favor, 28 en contra y 5 abstenciones. La minuta ahora será revisada por la Cámara de Diputados.

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