Derechos Humanos y Sociedad
Fiscalía apela decisión de jueza que no procesó a exservidora pública vinculada con adquisición de Pegasus
La FGR presentó una apelación contra la determinación de la magistrada Alejandra Domínguez Santos, quien resolvió no continuar con el procedimiento judicial contra Judith Aracely Gómez Molano, exfuncionaria acusada de participar en la compra irregular de herramientas de espionaje en 2014 durante su gestión en la Procuraduría General de la República.
Caso de espionaje con Pegasus
El ente acusador señaló que la exdirectiva incurrió en diversas violaciones al permitir la obtención de estos dispositivos de vigilancia sin justificación legítima, ocasionando un perjuicio económico de 460 millones 196 mil 383.64 pesos al erario público. Entre las conductas atribuidas figuran el uso indebido de facultades, desvío de recursos públicos, fraude agravado y colaboración delictiva con otros agentes del Estado.
“En resumen, haber permitido la adquisición ilegal de esos equipos de espionaje, sin que se demostrara que había necesidad de ello, pagando 460 millones 196 mil 383.64 pesos, que le significaron un grave daño irreparable al patrimonio público”, expresó la institución en un comunicado oficial.
Investigación contra la jueza
Simultáneamente, la Fiscalía anunció el inicio de un expediente en contra de la jueza federal Alejandra Domínguez por presuntas irregularidades en su gestión durante este caso específico, relacionado con posibles afectaciones al sistema judicial.
Antecedentes del espionaje en México
Este caso revive la controversia sobre el uso de software Pegasus en el país, particularmente tras el reconocimiento judicial del espionaje contra la comunicadora Carmen Aristegui entre 2015 y 2016, cuando expertos internacionales comprobaron la infiltración en su dispositivo mediante esta tecnología desarrollada por una empresa israelí.
En otro desenlace judicial, en 2023 un tribunal absolvió a Juan Carlos García Rivera, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, por falta de pruebas que demostraran su participación directa en la vigilancia ilegal de la periodista, aunque se ratificó que el ataque se relacionó con su labor informativa sobre asuntos de corrupción política.