La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer el documento preparado por la ministra Margarita Ríos Farjat, correspondiente al caso 49/2021, donde se plantea una redefinición de la prisión preventiva oficiosa bajo criterios de derechos humanos y normativas globales.

Contexto legal del caso

La Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso el caso mencionado contra la ley que incrementó la lista de delitos en legislaciones secundarias que exigen la aplicación de esta medida cautelar.

Propuesta de interpretación

La iniciativa de Ríos Farjat sugiere que se deje de lado la automatización de esta práctica, establecida en el artículo 19 constitucional, permitiendo que sea evaluada por un juez sin necesidad de solicitud previa de la fiscalía, similar a como funciona la prisión preventiva justificada.

“Podemos afirmar válidamente que ‘el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente’ debe interpretarse en el sentido de que la persona juzgadora ordenará oficiosamente, es decir, sin que medie solicitud por parte del Ministerio Público, la apertura del debate sobre el análisis relativo a la aplicación de la medida de prisión preventiva”

Condiciones para su aplicación

La ponente explica que los jueces deberán considerar ciertos requisitos al aplicar esta medida, como la garantía de presencia del acusado, la protección de víctimas y testigos, y la continuidad de las investigaciones.

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El documento también define a esta modalidad como un “instrumento engañoso” para medir el éxito en políticas de seguridad, destacando que debe emplearse únicamente en casos excepcionales.

“La idea de privar preventivamente de la libertad a una persona imputada debe significar una verdadera excepción”, señala el documento.

Impacto y lineamientos posteriores

En caso de ser aprobado, el proyecto implicaría un aumento en las solicitudes de revisión del estatus de detención preventiva. Por ello, se establecen lineamientos como la creación de estrategias logísticas por parte del Consejo de la Judicatura Federal y tribunales locales para gestionar dichas solicitudes.

La nueva interpretación implica que la medida solo se pueda aplicar con base en evidencia documental y con notificación a las víctimas.

“Transitar a un nuevo paradigma sobre la prisión preventiva oficiosa no significa pasar a uno de impunidad, de abuso, ni de debilitamiento de las capacidades del Estado”, dice el proyecto.

Acciones coordinadas

Se instruye a la Judicatura Federal, Fiscalía General de la República, institutos locales de defensa pública y tribunales a elaborar un manual que norme las acciones conforme a esta nueva interpretación.

Delitos excluidos

El proyecto también contempla la invalidez de esta medida en casos de robo a viviendas, robo de carga en transporte y compra o presión sobre votos en procesos electorales.

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En caso de ser aceptado, se ordenará a tribunales y juzgados que dejen de usar criterios previos y adopten esta nueva orientación.

Próximos pasos

La propuesta está programada para su revisión en la sesión del 24 de junio, aunque al ocupar el vigésimo primer lugar en la agenda, se espera que sea discutida en fechas posteriores.

Opciones legales para viviendas abandonadas

La titular del Ejecutivo federal indicó que se estudian alternativas para regularizar la situación de casas en estatus irregular. La funcionaria destacó que la Constitución garantiza la protección de la propiedad privada, aclarando que no se pretende despojar a ningún propietario de su inmueble.

En conferencia de prensa, la mandataria federal comentó que existen aproximadamente 800,000 viviendas no habitadas, ya sea por estar desocupadas o bajo pago de créditos hipotecarios sin ocupación. “No se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece. Eso tiene que quedar muy claro y que no haya duda respecto a eso”, enfatizó la Presidenta.

Regulación sin afectar derechos

Sheinbaum Pardo explicó que las alternativas en estudio buscan evitar que permanezcan en el abandono o en situación irregular miles de inmuebles. “Lo que sería un absurdo es que se mantuvieran abandonadas esas viviendas o en condición de irregularidad”, indicó.

La Presidenta resaltó que cualquier solución debe cumplir con la normativa vigente, evitando afectaciones a trabajadores o fraudes en los procesos. “Cumpliendo la ley, cumpliéndole a los trabajadores que no hubiera ningún fraude de por medio… están viendo las opciones para que esas viviendas no queden en el abandono”, señaló.

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Proceso judicial y censo fundamental

La jefa del Estado mexicano aseguró que cuando exista una determinación judicial sobre la ilegalidad de la ocupación, las autoridades deben actuar conforme a derecho. “(\) sencillamente no podemos cerrar los ojos y decir: ‘ah, pues están ocupadas ilegalmente, no hacemos nada’”, manifestó.

Además, destacó la importancia del censo para identificar la situación específica de cada inmueble, especialmente en casos donde exista un crédito hipotecario vigente. “Tenemos que dar alternativas a esta cantidad de viviendas… pero siempre resolviendo el problema de la propiedad de si hay un crédito de por medio”, concluyó.

Posicionamiento presidencial sobre situación judicial de comunicador

Durante la rueda de prensa matutina celebrada en Palacio Nacional el 18 de junio de 2025, la jefa de Estado mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, abordó la controversia generada por el proceso judicial contra el periodista Jorge González Valdez, exdirector de Tribuna, quien enfrenta acusaciones de instigación al odio y violencia contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

La mandataria federal manifestó desconocer los detalles específicos del asunto, pero enfatizó el compromiso gubernamental con la libre manifestación de ideas:

“Cualquier acción que implique censura, tiene nuestra oposición”

, sostuvo. Interpelada sobre la vigencia de la libertad de expresión en México, respondió contundente:

“Se encuentra garantizada y corresponde a los gobernadores asegurar su respeto”

.

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Medidas impuestas por la justicia estatal

El comunicador, con más de cinco décadas de trayectoria profesional, reveló en entrevista radial con Ciro Gómez Leyva que enfrenta un procedimiento judicial ordenado por una magistrada local, que incluye el cierre temporal del medio informativo Tribuna, una suspensión de dos años en el ejercicio periodístico y una sanción económica equivalente a dos millones de pesos por afectaciones morales al director de Comunicación Social del estado. Además, se dispuso el embargo de varios bienes personales.

González Valdez señaló que estas acciones constituyen una represalia gubernamental en contexto de una campaña de hostigamiento contra voces disidentes en Campeche:

“Desde el inicio de la administración de la señora Sansores, los habitantes de Campeche hemos percibido que la libertad de prensa y expresión están gravemente amenazadas”

, denunció.

Exhorto presidencial a autoridades locales

Ante las interrogantes sobre posibles intervenciones federales, la presidenta indicó que revisaría el tema con detenimiento y reiteró su postura contraria a cualquier intento de limitar derechos constitucionales:

“Todo lo relacionado con reprimir la libertad de expresión no debe ser sancionado, y menos a través de la vía penal”

, concluyó.

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