Compromiso contra corrupción judicial
Celia Maya, designada como presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, manifestó que su institución se enfocará en prevenir actos de corrupción “para que se detengan a tiempo”, asegurando que los integrantes del Poder Judicial mantengan cercanía con la población.
“El Tribunal de Disciplina Judicial, la única misión que tiene es que la justicia se imparta conforme a lo que dice la Constitución. Entonces todo eso que ocurría antes de que había desviaciones, y siempre que te desvías de la ley implica una corrupción, pues que si eso se da se pare a tiempo, no se deje correr, no exista. Que se den resoluciones rápidas cuando haya quejas en este sentido para que no se hable de impunidad”, declaró durante entrevista con medios.
Elección y supervisión ciudadana
La magistrada destacó que “fue una elección aceptada por la población, donde le entregaron su voto de confianza en las urnas”, extendiendo una invitación a quienes no participaron en el proceso para que vigilen su desempeño en el Tribunal. “Ahora también se tendrá que observar cómo están tratando a la gente los jueces y magistrados, porque al final tenemos que reconocer que esa fue la jefa ciudadana, la lejanía que sentían con los integrantes del Poder Judicial”, añadió.
Democratización del poder judicial
El magistrado Bernardo Bátiz abordó el tema de los acordeones utilizados durante el proceso electoral, calificándolos como “un instrumento ciudadano elaborado de forma libre” para facilitar el voto ciudadano. “Me parece que era necesario, muy importante que el único poder que no era democrático, se democratizara. La forma del acordeón, ya lo expliqué, creo que fue un mecanismo que encontraron los mismos ciudadanos y grupos sociales para facilitar el voto. Pero el voto era libre y secreto”, sostuvo.
Bátiz indicó que quienes cuestionan la libertad del voto deberán presentar pruebas que respalden sus afirmaciones. Respecto a las funciones del Tribunal, mencionó que se establecerá un protocolo para garantizar el respeto a la dignidad y condiciones laborales del personal bajo mando judicial.