Reforma aprobada con mayoría simple

El Senado de la República dio el visto bueno al proyecto de nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión durante una sesión celebrada este sábado, alcanzando 77 votos a favor y 30 en contra. El dictamen busca una transformación integral del marco legal, institucional y operativo del sector comunicaciones, en línea con los esfuerzos de reorganización gubernamental.

Visión dividida entre legisladores

El senador Javier Corral Jurado destacó desde el púlpito legislativo que el proyecto representa una norma “más sólida, más clara, más justa y más incluyente”. Señaló que la reforma busca abandonar el esquema tradicional que favorecía a grandes corporaciones, promoviendo un enfoque social que beneficiará a medios comunitarios, indígenas y afromexicanos.

La senadora María Guadalupe Chavira De La Rosa enfatizó que esta iniciativa permitirá enfrentar los desafíos de la transformación digital del país, asegurando un acceso equitativo a los servicios de comunicación.

Desde el PAN, Ricardo Anaya Cortés criticó que el dictamen fue publicado sin tiempo suficiente para su revisión detallada. Aunque reconoció que algunos errores fueron corregidos, advirtió sobre dos puntos críticos: la posibilidad de geolocalización sin orden judicial y el incremento de causales para suspender transmisiones, elementos que considera “puerta de entrada a mecanismos de censura y autoritarismo”.

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Cuestionamientos sobre vigilancia

El senador Manuel Añorve Baños se mostró en desacuerdo con la propuesta, señalando que podría establecer un sistema de control y monitoreo excesivo. Criticó la idea de crear un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Celular, recordando que una medida similar ya fue declarada inconstitucional.

“Esta es la cara visible del Big Brother del Bienestar”, aseguró Añorve, quien también cuestionó la conformación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, órgano que considera subordinado al Poder Ejecutivo. Alertó que el nuevo marco regulatorio podría permitir silenciar voces críticas y afectar la libertad de expresión.

Reorganización institucional

Entre las principales modificaciones figura la eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que será reemplazado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), una dependencia federal. Esta nueva entidad asumirá funciones de regulación, supervisión y diseño de políticas públicas del sector.

Se establecerá además la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones como órgano desconcentrado de la ATDT, con autonomía técnica y operativa para emitir resoluciones regulatorias. Su integración contempla cinco comisionados.

Marco regulatorio y derechos ciudadanos

La ley reconoce explícitamente a las telecomunicaciones y radiodifusión como servicios esenciales para garantizar derechos fundamentales como educación, salud, información y libertad de expresión. Incorpora principios de multiculturalidad y protección de derechos humanos, fortaleciendo a medios públicos, comunitarios, indígenas y afromexicanos.

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Acceso equitativo y reducción de brecha digital

La iniciativa establece nuevos criterios para distribución y utilización del espectro radioeléctrico, incluyendo esquemas de uso compartido, pruebas tecnológicas y redes inteligentes. Las concesiones sociales se otorgarán por asignación directa y estarán libres de pago de impuestos.

Se prevén incentivos fiscales para operadores que proporcionen servicios en zonas marginadas. Los pequeños proveedores podrán acceder a exenciones o reducciones en sus pagos, según las disposiciones que emita la Comisión Reguladora.

Protección de audiencias y contenidos

Se refuerzan los mecanismos de defensa de audiencias, obligando a cada concesionario a contar con su propio defensor. Se eliminó la posibilidad de bloquear plataformas, medida que inicialmente contemplaba el artículo 109 de la propuesta original. También se eliminó el régimen de propaganda extranjera, permitiendo únicamente contenidos culturales, deportivos y turísticos.

Se incorporan disposiciones para asegurar el acceso sin discriminación de personas con discapacidad, y se promueven criterios editoriales que garanticen la autonomía de los medios públicos.

Conectividad universal

Para reducir la desigualdad digital, el Estado contará con tres estrategias, incluyendo la participación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través de su empresa dedicada a internet y telecomunicaciones. La reforma busca crear un modelo más eficiente e inclusivo adaptado a las demandas tecnológicas actuales.

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Reforma al gravamen migratorio

Un reciente borrador del proyecto legislativo republicano en el Senado contempla una reducción significativa del impuesto sobre las remesas internacionales, fijándolo en 1% frente a la propuesta inicial de 3.5%.

Paquete integral de reformas

La iniciativa legislativa combina modificaciones tributarias con aspectos energéticos, de defensa y control migratorio. Los autores del proyecto buscan presentarlo formalmente ante el presidente Donald Trump a comienzos del próximo mes.

“No se disponía de una estimación del costo de la nueva versión, aunque se estimaba que el impuesto del 3,5% que los republicanos del Senado habían contemplado previamente recaudaría 1.000 millones de dólares. Se espera que la versión de la Cámara de Representantes genere 26.000 millones de dólares”, reveló el medio Politico.

Inversión en infraestructura fronteriza

El plan incluye una inversión de 350,000 millones de dólares destinada a fortalecer las fronteras y seguridad nacional de Estados Unidos. Dentro de estos fondos, se contempla un desembolso de 46,000 millones para la construcción del muro fronterizo con México, así como 45,000 millones para crear 100,000 plazas en centros de detención migratoria.

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Ampliación del personal de control migratorio

El proyecto prevé recursos para incorporar 10,000 nuevos agentes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), incluyendo bonos de contratación por 10,000 dólares por elemento y expansión en las filas de la Patrulla Fronteriza. La estrategia busca alcanzar deportaciones masivas estimadas en un millón de personas anuales.

Las autopistas administradas por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) dejarán de aceptar pagos en efectivo para transitar por sus tramos, informó la institución. A partir de ahora, los usuarios deberán utilizar exclusivamente el dispositivo TAG IAVE, una medida que busca optimizar el flujo vehicular y reducir tiempos de espera en las casetas de cobro.

Implementación en el Estado de México

Las vías afectadas en la entidad mexiquense incluyen la autopista Chamapa-Lechería y el tramo Amecameca-Nepantla, este último cruzando por localidades como Naucalpan. “En Capufe nos modernizamos para ti. Próximamente el pago en la mayoría de los carriles de nuestras plazas de cobro será solo con TAG, lo que permitirá cruces más rápidos”, señala el comunicado oficial.

Adquisición del dispositivo

Los conductores interesados en obtener el TAG IAVE deberán acceder a la página iave.capufe.gob.mx, seleccionar la opción “Comprar”, indicar la cantidad de dispositivos requeridos, proporcionar datos de contacto, elegir un punto de entrega, realizar el pago de 80 pesos mexicanos e imprimir el comprobante. El sistema busca hacer “más eficientes, rápidos y seguros” los desplazamientos por las carreteras federales.

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