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Candidato a ministro interpone y retira demanda contra el INE por amonestación
El magistrado electo con mayor votación para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, presentó y posteriormente retiró una acción legal contra el Instituto Nacional Electoral. La controversia surgió por una amonestación impuesta por el órgano comicial derivado de supuestas irregularidades en su campaña.
H3: Origen de la controversia electoral
El caso se originó el 24 de mayo cuando la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE recibió denuncias por presunta difusión de propaganda electoral prohibida en favor de candidaturas judiciales, entre ellas la de Aguilar Ortiz. Se señaló que en la demarcación Álvaro Obregón se distribuyeron materiales promocionales conocidos como ‘acordeones’ por militantes del partido Morena.
H3: Proceso de requerimientos y sanción
Tras no obtener respuesta a los requerimientos iniciales, la autoridad electoral envió un nuevo oficio con advertencia de consecuencias. Al persistir la falta de respuesta, el 31 de mayo se aplicó una amonestación pública como medida de apremio, seguida de una notificación adicional que advertía sobre posibles multas en caso de continuar la inacción.
H3: Acción legal y posterior retiro
El 4 de junio, día de su registro como candidato ganador, Aguilar Ortiz presentó una impugnación contra la sanción ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo,
“el 4 de junio, la parte recurrente presentó una demanda en contra de la amonestación pública que la UTCE le impuso. Sin embargo, un día después, presentó ante el INE un escrito por el cual se desistió de la demanda que promovió”
, según consta en el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
H3: Resolución final del caso
El 12 de junio, ante la falta de ratificación del retiro de la demanda, el tribunal dio por no presentada la acción legal. El caso cerró con la permanencia de la amonestación como parte del expediente del nuevo ministro, quien asumirá la presidencia de la SCJN sin que se hayan resuelto los cuestionamientos sobre la presunta propaganda ilícita.