Operación de vigilancia transfronteriza

Una auditoría gubernamental estadounidense ha revelado que un experto en seguridad digital vinculado al Cártel de Sinaloa empleó infraestructura de videovigilancia de la Ciudad de México para monitorear actividades de informantes del FBI, según un documento del Inspector General del Departamento de Justicia.

Contexto del caso

El informe detalla que durante 2018, mientras las autoridades estadounidenses investigaban las actividades del grupo criminal liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, un colaborador del cártel estableció contacto con un agente federal estadounidense. Este personaje reveló que la organización contaba con servicios de un especialista en intrusiones tecnológicas.

Métodos de inteligencia delictiva

“El Chapo” Guzmán, extraditado en 2017 y sentenciado a cadena perpetua en 2019, lideró una de las organizaciones criminales más poderosas de México.

Según las revelaciones del informante, este hacker habría vigilado movimientos cerca de la Embajada de Estados Unidos en la capital mexicana, identificando personal de interés para el cártel, particularmente al Agregado Legal Adjunto del FBI (ALA T).

Técnicas de rastreo y consecuencias

El reporte señala:

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“El hacker logró obtener registros de llamadas, mensajes y datos de localización del teléfono del Agregado Legal Adjunto del FBI, empleando además el sistema de videocámaras de la Ciudad de México para seguir sus desplazamientos y reconocer a sus contactos”.

Esta información habría sido utilizada por el cártel para amedrentar y eliminar a posibles colaboradores con las autoridades estadounidenses.

Impacto institucional

El análisis del Departamento de Justicia estadounidense define la Vigilancia Técnica Ubicua (UTS) como

“la recolección generalizada de datos y aplicación de análisis para conectar personas con eventos o ubicaciones”

, clasificando la información en cinco categorías: visual, electrónica, financiera, de movimientos y digital.

Recomendaciones oficiales

La auditoría identificó áreas de mejora para la agencia federal, incluyendo mejorar la capacitación del personal, fortalecer la coordinación interna y ampliar los programas educativos sobre amenazas tecnológicas. El FBI aceptó oficialmente las cuatro sugerencias presentadas en el informe.

• Documentar completamente las vulnerabilidades detectadas
• Finalizar el Plan Estratégico de UTS con enfoque integral
• Establecer una jerarquía clara para responder a incidentes
• Ampliar la cobertura de los programas de capacitación especializada

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Evidencia visual desata controversia

Una secuencia de imágenes y un video circulante en plataformas digitales muestran presuntamente a dos empleados del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo) realizando actos inapropiados con cuerpos sin vida. En los registros visuales se observa a uno de los individuos jalando el pie de un cadáver, mientras que en otra escena se simula la acción de ingerir sangre mediante un cráneo humano.

El contenido audiovisual incluye además planos donde reposan en el suelo varios cuerpos de personas fallecidas, lo que ha generado un fuerte rechazo en la opinión pública.

Reacciones de personal y ciudadanos

El material gráfico desató una ola de indignación tanto en redes sociales como entre los propios empleados de la institución. Colegas de los trabajadores involucrados corroboraron la autenticidad de las imágenes y externaron públicamente la necesidad de tratar con respeto los restos humanos. “El video es legítimo”, confirmaron fuentes internas.

Paralelamente, se registró una movilización de trabajadores del Incifo que no solo exigió sanciones por el manejo inadecuado de cadáveres, sino también mejores condiciones sanitarias en las instalaciones.

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Denuncias por condiciones laborales

Los manifestantes señalaron múltiples irregularidades operativas dentro del instituto pericial, destacando la lentitud en la entrega de cuerpos a familiares, atribuida a presuntas prácticas corruptas y desorganización administrativa.

Además, los empleados expresaron su descontento ante la falta de protocolos de higiene y el fuerte olor a descomposición en las cámaras frigoríficas, calificadas como “insalubres” por los mismos trabajadores.

Informe revela negligencia institucional en tragedia de Tlahuelilpan

Seis años después del siniestro en San Primitivo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un documento donde se establece que la empresa productora de hidrocarburos no actuó oportunamente ante los riesgos asociados a las extracciones ilegales. El accidente del 18 de enero de 2019 provocó la muerte de 138 personas en la comunidad de Tlahuelilpan.

El análisis especial indica que la empresa no cumplió con los protocolos establecidos para prevenir riesgos, ni atendió las disposiciones legales en materia de derechos humanos y protección ambiental. Además, se señala que los sistemas tecnológicos empleados para detectar extracciones ilegales están desactualizados y no permiten una acción rápida ante estas situaciones.

Impacto económico y social sin medidas de reparación

El gasto público generado por la emergencia superó los 85 millones de pesos según el documento presentado el 22 de junio. Sin embargo, no se han implementado acciones concretas para abordar los daños materiales, sociales o ambientales, ni existe un mecanismo integral de apoyo para las personas afectadas.

La CNDH exige la creación de un programa conjunto con autoridades locales y estatales que incluya la participación ciudadana para la recuperación del área afectada y la preservación de la memoria de las víctimas. Señala que el incumplimiento de estos deberes por parte del Estado mexicano representa un patrón de negligencia institucional hacia las comunidades.

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Demanda de prevención y atención integral

El informe destaca que la empresa ha enfocado sus esfuerzos en cerrar puntos de extracción ilegal sin implementar estrategias preventivas frente al creciente fenómeno del robo de combustible. Se le responsabiliza también de garantizar la seguridad de la población y prevenir accidentes de este tipo.

La CNDH inició el expediente de queja en relación con los hechos en Tlahuelilpan debido a su relevancia social, considerando el número de víctimas fatales y heridos, así como la posible participación de autoridades en diferentes niveles de gobierno según la información difundida por medios de comunicación.