Controversia en elección judicial por candidatos con denuncias pendientes
La reciente elección judicial en México ha generado controversia debido a la participación de aspirantes que enfrentan múltiples señalamientos. Al menos trece postulantes cuentan con antecedentes que ponen en duda su idoneidad, según organizaciones civiles y especialistas. Entre los casos destacan presuntas vinculaciones con grupos criminales, acusaciones por delitos sexuales, corrupción y abuso de autoridad. Estos candidatos están a punto de obtener puestos como jueces y magistrados en instancias federales y estatales.
Procesos pendientes ante órganos electorales
Los candidatos que han obtenido resultados favorables aún deben superar dos instancias federales: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral. En el caso de los cargos locales, dependerán de órganos electorales regionales. La falta de resolución definitiva en algunos expedientes legales mantiene la incertidumbre sobre el destino de estos perfiles cuestionados.
Destacan casos por trata y acusaciones sexuales
Uno de los casos más sonados es el de Hernán Vega Burgos, quien habría obtenido una magistratura en Yucatán. Durante su gestión como delegado de Migración en 2009, enfrenta denuncias por presunta participación en una red de trata sexual. Dos mujeres originarias de Costa Rica lo acusan de exigirles pagos por prostituirse. Una de ellas declaró:
“Si nos negábamos, Hernán nos amenazaba con violarnos y deportarnos”
. Aunque Vega Burgos asegura haber sido víctima de una fabricación de pruebas, el órgano electoral local aún no entrega su constancia.
Conexiones con grupos religiosos investigados
Tres aspirantes relacionadas con la iglesia evangélica La Luz del Mundo han generado controversia. Madián Sinaí Menchaca Sierra, Eluzai Rafael Aguilar y Salma Jaanai Martínez Macías pertenecen a una organización cuyo líder, Naasón Joaquín, fue condenado en Estados Unidos por abuso sexual infantil. Esta última logró el triunfo para un cargo judicial en Coahuila, aunque su caso sigue bajo análisis del INE.
Acusaciones por violencia sexual y corrupción
Héctor Ulises Orduña, electo como juez en Veracruz, enfrenta cargos por presunto abuso sexual a una menor de edad y producción de pornografía infantil desde 2021. Aunque permanece detenido en prisión preventiva, su nombre sigue en el proceso electoral. Guadalupe Taddei, titular del INE, ha señalado que mientras esté recluido no podrá recibir la constancia de mayoría.
Irlanda Gabriela Pacheco Torres, próxima a asumir un cargo judicial en Iztapalapa, Ciudad de México, fue suspendida anteriormente por fraude procesal y uso de documentos falsos. Además, se le relacionó con la defensa de un presunto miembro de la organización criminal Unión Tepito.
Denuncias laborales y educativas en otros perfiles
Silvia Delgado, exdefensora legal de Joaquín El Chapo Guzmán, ganó un puesto judicial en Chihuahua. Aunque ya recibió la constancia de mayoría, su nombramiento final dependerá del Tribunal Electoral. Otro caso es el de Jaime Cisneros en Nuevo León, acusado de acoso estudiantil durante su etapa docente. La consejera Carla Humphrey intentó bloquear la certificación de varios candidatos señalados, pero sus propuestas fueron rechazadas por mayoría.
Norma Alicia Sandoval Torres, elegida en Baja California, fue removida anteriormente como ministerio público por presunta manipulación de pruebas en casos de narcotráfico. En Tamaulipas, Tania Contreras, electa como magistrada local, enfrenta denuncias por presuntos vínculos con redes de corrupción y tráfico de combustible ilícito.
Revisión de requisitos académicos pendientes
Además de las denuncias penales, cerca de cuarenta aspirantes no cumplirían con los requisitos mínimos de calificación académica: promedio de ocho en licenciatura y nueve en especialidad. El INE se encuentra en un periodo de revisión para verificar que los seleccionados reúnan las condiciones de idoneidad antes de emitir las constancias definitivas.