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Seguridad y Defensa

Legisladores avalan norma que permite al Ejecutivo obtener datos telefónicos, biométricos y financieros

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El Congreso de la Unión aprobó en términos generales la legislación referente al Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en el ámbito de la seguridad pública. La votación concluyó con 368 votos afirmativos y 101 negativos, otorgando a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acceso a al menos 22 bases de datos que contienen información sensible como datos telefónicos, biométricos, vehiculares, empresariales, bancarios y médicos.

Partidos que apoyaron y rechazaron la iniciativa

Los partidos Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, junto con Movimiento Ciudadano, respaldaron el proyecto. Sin embargo, Movimiento Ciudadano expresó críticas sobre algunos artículos específicos. Por otro lado, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional votaron en contra del texto presentado.

Facultades otorgadas a la SSPC

La SSPC, a través del Centro Nacional de Inteligencia, tendrá la capacidad de centralizar información proveniente de otras instituciones de seguridad. La ley fue modificada durante su tratamiento, pasando de 30 a 51 artículos. El artículo 12 detalla los tipos de registros a los que podrá acceder el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, incluyendo:

  • Archivos vehiculares y de placas
  • Datos biométricos y de comunicaciones
  • Registros de propiedad y comercio
  • Padrones de personas detenidas o sentenciadas
  • Información financiera y bancaria
  • Registros de salud, telecomunicaciones y transporte

Críticas de la oposición sobre posible vigilancia ciudadana

Los partidos opositores acusaron a Morena de promover una norma que permitiría la vigilancia de la población civil. Gibrán Ramírez, legislador de Movimiento Ciudadano, señaló que aunque es necesario dotar de herramientas para inteligencia, “no está bien dejar ambigüedades que pueden llevar a la vigilancia masiva e indiscriminada sin controles democráticos ni salvaguardas”.

Defensa del proyecto por parte de Morena

Jessica Saidén, encargada de la Comisión de Seguridad, aclaró que “no se trata de espionaje”, asegurando que el sistema respetará “escrupulosamente los límites constitucionales y las legislaciones secundarias”. Indicó que no se recopilarán datos biométricos ni se interceptarán comunicaciones privadas sin supervisión judicial.

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“El sistema va a respetar escrupulosamente los límites constitucionales y las legislaciones secundarias”, Jessica Saidén

El artículo 26 de la ley establece que el manejo de información sensible por parte de particulares “se realizará observando las reglas de privacidad, confidencialidad, disponibilidad, integridad, reserva y protección, con control judicial cuando sea necesario”.

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Seguridad y Defensa

Legisladores ratifican normativa de inteligencia tras prolongada discusión

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Nuevo marco legal aprobado en sesión extensa

En la madrugada del jueves se concretó la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia por parte de la Cámara de Diputados, después de un debate que se prolongó por 10 horas consecutivas. La sesión, que comenzó la noche del martes, se caracterizó por momentos de alta tensión entre las diferentes bancadas.

Intercambios ácidos durante el análisis legislativo

El proceso legislativo se vio marcado por confrontaciones verbales entre representantes del Partido del Trabajo (PT) y del Revolucionario Institucional (PRI). Las acusaciones mutuas incluyeron señalamientos sobre presuntas conexiones con grupos delictivos organizados. La tensión escaló cuando los legisladores del PT calificaron a los hermanos Moreira como “hermanos malditos”, mientras que los diputados priístas respondieron con frases como “sí seremos porros, pero no narcos”.

Raymundo Vázquez Conchas generó un momento álgido al mencionar que “los priístas victimaron públicamente a Luis Donaldo Colosio siendo su candidato… y (en el sexenio de Ernesto Zedillo) dejaron como procurador precisamente a un panista, para encubrir toda la corrupción del homicidio”. La réplica de los legisladores priístas fue inmediata, aunque Vázquez Conchas insistió en que “Le gritan, pero lo mataron ustedes… Y aquí se unen (con el PAN) y son la mafia de la corrupción legislativa”.

Polémica por alcance de facultades de inteligencia

La oposición expresó preocupación por las amplias atribuciones que concede la nueva normativa al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entre las facultades destacan la posibilidad de investigar archivos y documentos de cualquier naturaleza, así como implementar medidas de inteligencia y contrainteligencia para neutralizar amenazas de grupos delictivos de distintos niveles.

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La legislación contempla la aplicación de inteligencia artificial en estudios sociales, comerciales y políticos para anticiparse a posibles riesgos, además de establecer las funciones del Centro Nacional de Inteligencia. Héctor Saúl Téllez del PAN manifestó que “esta ley otorga a la secretaría y al centro un poder absoluto para vigilar a todos, sin distinguir entre culpables o inocentes. Esto no es seguridad; es opresión disfrazada de big data”.

Posicionamientos finales y votación final

Adrián González Naveda del PT aseguró que “la obtención de documentos públicos y privados, así como de información y datos personales –incluso biométricos–, será, en su caso, previa autorización judicial”. Durante su intervención, comparó los comportamientos observados en el recinto con “la falange de los porros que están enfrente. Así eran los camisas negras que marcharon sobre Roma con Mussolini”.

Con 324 votos a favor de Morena y sus aliados, y 117 en contra provenientes de PRI, PAN y MC (que había respaldado la ley en lo general), se aprobó el dictamen en lo particular. La minuta fue remitida al Senado para su análisis correspondiente. Tras finalizar el tema, la Cámara de Diputados convocó a nueva sesión para el próximo lunes.

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Noticias Nacionales

Operativo de seguridad y vialidad por la marcha del Orgullo LGBTTTIQ+: SSC implementa medidas preventivas y recomienda rutas alternas

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Dispositivo integral para garantizar la seguridad

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México activará un dispositivo integral el próximo sábado 28 de junio con motivo de la 47ª marcha del Orgullo LGBTTTIQ+. La movilización partirá del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, recorriendo Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida 5 de Mayo.

Recursos desplegados

El operativo contará con la participación de 260 elementos de Tránsito, apoyados por 21 patrullas, 10 motocicletas y cinco grúas. Además, 28 paramédicos del ERUM estarán distribuidos estratégicamente con dos ambulancias y dos motoambulancias. El agrupamiento Cóndores participará con un helicóptero para supervisar el evento desde el aire.

Recomendaciones vialidades y para asistentes

Se recomienda a los automovilistas evitar el trayecto del desfile y utilizar rutas alternas según su ubicación: en Oriente por Eje 1 Norte, avenidas Chapultepec y Fray Servando Teresa de Mier; en el Sur por Circuito Interior y Eje 1 Oriente; en Poniente por avenidas José María Izazaga y Chapultepec; y en el Norte por Circuito Interior.

La SSC también publicó una lista de recomendaciones para quienes asistan al evento: “Usar ropa cómoda y llevar hidratación en envases reutilizables, aplicar y portar protector solar, llevar sombrilla o impermeable en caso de lluvia, contar con bocadillos o snacks, si se usan tacones o plataformas, llevar calzado alterno cómodo, no llevar mascotas, por el clima y la multitud, cuidar las pertenencias personales, evitar el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas durante el evento”.

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Transporte extendido

Para facilitar el traslado de los asistentes, Metrobús y trolebús ampliarán su horario de servicio. La línea 1 y 7 del Metrobús operarán hasta las 02:00 horas del domingo 29. Por su parte, el trolebús de Pantitlán a Chapultepec prolongará su servicio de 05:00 horas del sábado a las 01:00 horas del domingo.

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Derechos Humanos y Sociedad

EE.UU. deporta a México a sospechoso central en caso de normalistas desaparecidos

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Entrega de presunto involucrado en crimen de Ayotzinapa

El gobierno estadounidense ha realizado la deportación controlada de Edgar Damián Sandoval Albarrán, alias La Rana o El Wereke, figura señalada como testigo crucial en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, según fuentes federales. El individuo ha sido remitido ante un juez federal radicado en Toluca para enfrentar cargos por asociación delictuosa y desaparición forzada.

Según informaron autoridades de ambos países, un tribunal estadounidense autorizó su entrega, efectuada mediante el cruce internacional entre Nogales, Arizona y Nogales, Sonora, en las últimas horas previas al anuncio.

Antecedentes judiciales y acusaciones

La Juez Segunda de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México había emitido órdenes de captura en julio de 2024 contra el imputado por su presunta participación en actividades criminales organizadas y privación ilegal de libertad. Durante el periodo de los hechos en 2014, se desempeñaba como vigilante y ejecutor para Guerreros Unidos, organización criminal vinculada a la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Tras ser detenido por ingreso ilegal a territorio estadounidense a principios de año, la Fiscalía General de la República presentó una solicitud de detención provisional con fines de extradición ante las autoridades norteamericanas. El 9 de junio pasado, organismos migratorios de Estados Unidos confirmaron que el sospechoso estaba sujeto a procedimientos migratorios, culminando en una orden de deportación tras audiencia judicial correspondiente.

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Presunta participación en los hechos

Según investigaciones de la extinta Procuraduría General de la República, El Wereke recibió instrucciones directas de Felipe Rodríguez Salgado, conocido como El Cepillo, líder de sicarios de Guerreros Unidos, para disparar contra estudiantes ya privados de su libertad.

La institución ofrecía previamente una recompensa de 1.5 millones de pesos por información que condujera a su captura. Documentos oficiales indican que el sospechoso fue uno de los individuos que interceptó a los estudiantes cerca del relleno sanitario de Cocula, tal como se detalla en el primer volumen del expediente público del caso.

De acuerdo con testimonios incorporados en el expediente, El Wereke junto con Patricio Reyes Landa, apodado El Pato, y dos delincuentes más identificados como El Wasa y El Primo, se encargaron de transportar restos humanos en envases plásticos y posteriormente arrojarlos al Río San Juan.

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