Este martes 17 de junio se activa oficialmente la denominada “Ley silla”, que garantiza el derecho a descansar sentado durante la jornada laboral a empleados que lo requieran. La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) fue aprobada en diciembre anterior y obliga a los empleadores a proporcionar asientos con respaldo suficientes para quienes laboran en establecimientos de servicios, comercio y espacios similares, ya sea para realizar sus actividades o para tomar descansos programados durante su turno.

Cambios legales y prohibiciones establecidas

La modificación afecta los artículos 132, 133, 422 y 423 de la Ley Federal del Trabajo, e impide que las empresas exijan a sus trabajadores permanecer de pie durante todo su horario laboral. Los empleadores que violen esta disposición podrán recibir multas que oscilan entre 250 y 2,500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), con posibilidad de suspensión de operaciones en caso de reincidencia.

Implementación y normatividad interna

Los lugares de trabajo deberán crear un reglamento interno que incluya el derecho a tomar descansos obligatorios durante la jornada laboral, especificando las reglas que rijan el uso de los asientos disponibles. La propuesta original fue presentada por la exsenadora Patricia Mercado, perteneciente a Movimiento Ciudadano, aunque fue descartada en la Legislatura pasada. Posteriormente, el diputado de Morena, Ricardo Monreal, volvió a presentar la iniciativa en octubre del año anterior.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer el documento preparado por la ministra Margarita Ríos Farjat, correspondiente al caso 49/2021, donde se plantea una redefinición de la prisión preventiva oficiosa bajo criterios de derechos humanos y normativas globales.

Contexto legal del caso

La Comisión Nacional de Derechos Humanos interpuso el caso mencionado contra la ley que incrementó la lista de delitos en legislaciones secundarias que exigen la aplicación de esta medida cautelar.

Propuesta de interpretación

La iniciativa de Ríos Farjat sugiere que se deje de lado la automatización de esta práctica, establecida en el artículo 19 constitucional, permitiendo que sea evaluada por un juez sin necesidad de solicitud previa de la fiscalía, similar a como funciona la prisión preventiva justificada.

“Podemos afirmar válidamente que ‘el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente’ debe interpretarse en el sentido de que la persona juzgadora ordenará oficiosamente, es decir, sin que medie solicitud por parte del Ministerio Público, la apertura del debate sobre el análisis relativo a la aplicación de la medida de prisión preventiva”

Condiciones para su aplicación

La ponente explica que los jueces deberán considerar ciertos requisitos al aplicar esta medida, como la garantía de presencia del acusado, la protección de víctimas y testigos, y la continuidad de las investigaciones.

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El documento también define a esta modalidad como un “instrumento engañoso” para medir el éxito en políticas de seguridad, destacando que debe emplearse únicamente en casos excepcionales.

“La idea de privar preventivamente de la libertad a una persona imputada debe significar una verdadera excepción”, señala el documento.

Impacto y lineamientos posteriores

En caso de ser aprobado, el proyecto implicaría un aumento en las solicitudes de revisión del estatus de detención preventiva. Por ello, se establecen lineamientos como la creación de estrategias logísticas por parte del Consejo de la Judicatura Federal y tribunales locales para gestionar dichas solicitudes.

La nueva interpretación implica que la medida solo se pueda aplicar con base en evidencia documental y con notificación a las víctimas.

“Transitar a un nuevo paradigma sobre la prisión preventiva oficiosa no significa pasar a uno de impunidad, de abuso, ni de debilitamiento de las capacidades del Estado”, dice el proyecto.

Acciones coordinadas

Se instruye a la Judicatura Federal, Fiscalía General de la República, institutos locales de defensa pública y tribunales a elaborar un manual que norme las acciones conforme a esta nueva interpretación.

Delitos excluidos

El proyecto también contempla la invalidez de esta medida en casos de robo a viviendas, robo de carga en transporte y compra o presión sobre votos en procesos electorales.

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En caso de ser aceptado, se ordenará a tribunales y juzgados que dejen de usar criterios previos y adopten esta nueva orientación.

Próximos pasos

La propuesta está programada para su revisión en la sesión del 24 de junio, aunque al ocupar el vigésimo primer lugar en la agenda, se espera que sea discutida en fechas posteriores.

El Fiscal General de Justicia, Javier Flores, dio a conocer que el Cártel del Noreste fue responsable de la privación ilegal de la libertad de Los Juniors de Monterrey, agrupación musical que incluye a sus integrantes y chofer, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el día lunes.

Detalles del secuestro

Según la información proporcionada por la autoridad, los hechos ocurrieron en Monterrey, Nuevo León, donde el grupo artístico fue interceptado y trasladado contra su voluntad por elementos del referido grupo delictivo. La fiscalía señaló que continúan las investigaciones correspondientes para esclarecer completamente los hechos y localizar a las víctimas.

Contexto de la denuncia

La desaparición del conjunto musical fue reportada el lunes, generando preocupación entre la comunidad artística y la población en general. Autoridades locales y estatales intensificaron los operativos de búsqueda, lo que condujo a la identificación del cártel como presunto responsable del secuestro.

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