Opciones legales para viviendas abandonadas

La titular del Ejecutivo federal indicó que se estudian alternativas para regularizar la situación de casas en estatus irregular. La funcionaria destacó que la Constitución garantiza la protección de la propiedad privada, aclarando que no se pretende despojar a ningún propietario de su inmueble.

En conferencia de prensa, la mandataria federal comentó que existen aproximadamente 800,000 viviendas no habitadas, ya sea por estar desocupadas o bajo pago de créditos hipotecarios sin ocupación. “No se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece. Eso tiene que quedar muy claro y que no haya duda respecto a eso”, enfatizó la Presidenta.

Regulación sin afectar derechos

Sheinbaum Pardo explicó que las alternativas en estudio buscan evitar que permanezcan en el abandono o en situación irregular miles de inmuebles. “Lo que sería un absurdo es que se mantuvieran abandonadas esas viviendas o en condición de irregularidad”, indicó.

La Presidenta resaltó que cualquier solución debe cumplir con la normativa vigente, evitando afectaciones a trabajadores o fraudes en los procesos. “Cumpliendo la ley, cumpliéndole a los trabajadores que no hubiera ningún fraude de por medio… están viendo las opciones para que esas viviendas no queden en el abandono”, señaló.

Anuncio

Proceso judicial y censo fundamental

La jefa del Estado mexicano aseguró que cuando exista una determinación judicial sobre la ilegalidad de la ocupación, las autoridades deben actuar conforme a derecho. “(\) sencillamente no podemos cerrar los ojos y decir: ‘ah, pues están ocupadas ilegalmente, no hacemos nada’”, manifestó.

Además, destacó la importancia del censo para identificar la situación específica de cada inmueble, especialmente en casos donde exista un crédito hipotecario vigente. “Tenemos que dar alternativas a esta cantidad de viviendas… pero siempre resolviendo el problema de la propiedad de si hay un crédito de por medio”, concluyó.

Medida contra figuras clave del CJNG

El Tesoro de Estados Unidos implementó sanciones contra cinco altos mandos del Cartel de Jalisco Nueva Generación, incluyendo a su máximo líder, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’. La acción forma parte de una estrategia para combatir el tráfico de fentanilo y actividades violentas de la organización criminal.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que “El reinado de terror del CJNG en México y su tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos han destruido innumerables vidas inocentes”. La dependencia estadounidense detalló que bajo el liderazgo de Oseguera Cervantes, el grupo ha perpetrado múltiples homicidios contra autoridades y funcionarios gubernamentales.

El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que lleve al arresto o condena del líder del CJNG. Esta medida busca obstaculizar las operaciones de la organización en el comercio de sustancias narcóticas.

Responsable del crimen de Valeria Márquez

Entre los sancionados figura Ricardo Ruiz Velasco, apodado ‘El Doble R’, considerado el principal responsable del asesinato de la influencer mexicana Valeria Márquez. El Departamento de Estado estadounidense lo acusa de participar en homicidios de agentes policiales y en el feminicidio de una modelo venezolana.

Anuncio

El caso de Márquez generó impacto global debido a las circunstancias en las que se produjo: la joven de 23 años fue ultimada mientras realizaba una transmisión en vivo por TikTok desde su negocio Blossom The Beauty Lounge. La Fiscalía de Jalisco investiga el incidente como feminicidio.

Otros objetivos de las sanciones

La medida también alcanza a Julio Alberto Castillo Rodríguez, conocido como ‘El Chorro’, yerno de ‘El Mencho’ y potencial heredero dentro del cartel. Este sujeto está vinculado con estrategias de reclutamiento masivo para la organización criminal.

Gonzalo Mendoza Gaytán, alias ‘El Sapo’, es señalado por dirigir operaciones de reclutamiento, mientras que Audias Flores Silva, apodado ‘El Jardinero’, enfrenta acusaciones por administrar laboratorios clandestinos de metanfetamina. Por información sobre Flores Silva, la recompensa establecida es de hasta cinco millones de dólares.

Las sanciones impuestas incluyen el bloqueo total de bienes y activos que estas personas posean en territorio estadounidense. Esta acción representa una nueva fase en la presión internacional contra la estructura del CJNG y sus operaciones transfronterizas.

Anuncio

La FGR presentó una apelación contra la determinación de la magistrada Alejandra Domínguez Santos, quien resolvió no continuar con el procedimiento judicial contra Judith Aracely Gómez Molano, exfuncionaria acusada de participar en la compra irregular de herramientas de espionaje en 2014 durante su gestión en la Procuraduría General de la República.

Caso de espionaje con Pegasus

El ente acusador señaló que la exdirectiva incurrió en diversas violaciones al permitir la obtención de estos dispositivos de vigilancia sin justificación legítima, ocasionando un perjuicio económico de 460 millones 196 mil 383.64 pesos al erario público. Entre las conductas atribuidas figuran el uso indebido de facultades, desvío de recursos públicos, fraude agravado y colaboración delictiva con otros agentes del Estado.

“En resumen, haber permitido la adquisición ilegal de esos equipos de espionaje, sin que se demostrara que había necesidad de ello, pagando 460 millones 196 mil 383.64 pesos, que le significaron un grave daño irreparable al patrimonio público”, expresó la institución en un comunicado oficial.

Investigación contra la jueza

Simultáneamente, la Fiscalía anunció el inicio de un expediente en contra de la jueza federal Alejandra Domínguez por presuntas irregularidades en su gestión durante este caso específico, relacionado con posibles afectaciones al sistema judicial.

Anuncio

Antecedentes del espionaje en México

Este caso revive la controversia sobre el uso de software Pegasus en el país, particularmente tras el reconocimiento judicial del espionaje contra la comunicadora Carmen Aristegui entre 2015 y 2016, cuando expertos internacionales comprobaron la infiltración en su dispositivo mediante esta tecnología desarrollada por una empresa israelí.

En otro desenlace judicial, en 2023 un tribunal absolvió a Juan Carlos García Rivera, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, por falta de pruebas que demostraran su participación directa en la vigilancia ilegal de la periodista, aunque se ratificó que el ataque se relacionó con su labor informativa sobre asuntos de corrupción política.