Opciones legales para viviendas abandonadas

La titular del Ejecutivo federal indicó que se estudian alternativas para regularizar la situación de casas en estatus irregular. La funcionaria destacó que la Constitución garantiza la protección de la propiedad privada, aclarando que no se pretende despojar a ningún propietario de su inmueble.

En conferencia de prensa, la mandataria federal comentó que existen aproximadamente 800,000 viviendas no habitadas, ya sea por estar desocupadas o bajo pago de créditos hipotecarios sin ocupación. “No se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece. Eso tiene que quedar muy claro y que no haya duda respecto a eso”, enfatizó la Presidenta.

Regulación sin afectar derechos

Sheinbaum Pardo explicó que las alternativas en estudio buscan evitar que permanezcan en el abandono o en situación irregular miles de inmuebles. “Lo que sería un absurdo es que se mantuvieran abandonadas esas viviendas o en condición de irregularidad”, indicó.

La Presidenta resaltó que cualquier solución debe cumplir con la normativa vigente, evitando afectaciones a trabajadores o fraudes en los procesos. “Cumpliendo la ley, cumpliéndole a los trabajadores que no hubiera ningún fraude de por medio… están viendo las opciones para que esas viviendas no queden en el abandono”, señaló.

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Proceso judicial y censo fundamental

La jefa del Estado mexicano aseguró que cuando exista una determinación judicial sobre la ilegalidad de la ocupación, las autoridades deben actuar conforme a derecho. “(\) sencillamente no podemos cerrar los ojos y decir: ‘ah, pues están ocupadas ilegalmente, no hacemos nada’”, manifestó.

Además, destacó la importancia del censo para identificar la situación específica de cada inmueble, especialmente en casos donde exista un crédito hipotecario vigente. “Tenemos que dar alternativas a esta cantidad de viviendas… pero siempre resolviendo el problema de la propiedad de si hay un crédito de por medio”, concluyó.

Posicionamiento presidencial sobre situación judicial de comunicador

Durante la rueda de prensa matutina celebrada en Palacio Nacional el 18 de junio de 2025, la jefa de Estado mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, abordó la controversia generada por el proceso judicial contra el periodista Jorge González Valdez, exdirector de Tribuna, quien enfrenta acusaciones de instigación al odio y violencia contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

La mandataria federal manifestó desconocer los detalles específicos del asunto, pero enfatizó el compromiso gubernamental con la libre manifestación de ideas:

“Cualquier acción que implique censura, tiene nuestra oposición”

, sostuvo. Interpelada sobre la vigencia de la libertad de expresión en México, respondió contundente:

“Se encuentra garantizada y corresponde a los gobernadores asegurar su respeto”

.

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Medidas impuestas por la justicia estatal

El comunicador, con más de cinco décadas de trayectoria profesional, reveló en entrevista radial con Ciro Gómez Leyva que enfrenta un procedimiento judicial ordenado por una magistrada local, que incluye el cierre temporal del medio informativo Tribuna, una suspensión de dos años en el ejercicio periodístico y una sanción económica equivalente a dos millones de pesos por afectaciones morales al director de Comunicación Social del estado. Además, se dispuso el embargo de varios bienes personales.

González Valdez señaló que estas acciones constituyen una represalia gubernamental en contexto de una campaña de hostigamiento contra voces disidentes en Campeche:

“Desde el inicio de la administración de la señora Sansores, los habitantes de Campeche hemos percibido que la libertad de prensa y expresión están gravemente amenazadas”

, denunció.

Exhorto presidencial a autoridades locales

Ante las interrogantes sobre posibles intervenciones federales, la presidenta indicó que revisaría el tema con detenimiento y reiteró su postura contraria a cualquier intento de limitar derechos constitucionales:

“Todo lo relacionado con reprimir la libertad de expresión no debe ser sancionado, y menos a través de la vía penal”

, concluyó.

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Medida contra figuras clave del CJNG

El Tesoro de Estados Unidos implementó sanciones contra cinco altos mandos del Cartel de Jalisco Nueva Generación, incluyendo a su máximo líder, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’. La acción forma parte de una estrategia para combatir el tráfico de fentanilo y actividades violentas de la organización criminal.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que “El reinado de terror del CJNG en México y su tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos han destruido innumerables vidas inocentes”. La dependencia estadounidense detalló que bajo el liderazgo de Oseguera Cervantes, el grupo ha perpetrado múltiples homicidios contra autoridades y funcionarios gubernamentales.

El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que lleve al arresto o condena del líder del CJNG. Esta medida busca obstaculizar las operaciones de la organización en el comercio de sustancias narcóticas.

Responsable del crimen de Valeria Márquez

Entre los sancionados figura Ricardo Ruiz Velasco, apodado ‘El Doble R’, considerado el principal responsable del asesinato de la influencer mexicana Valeria Márquez. El Departamento de Estado estadounidense lo acusa de participar en homicidios de agentes policiales y en el feminicidio de una modelo venezolana.

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El caso de Márquez generó impacto global debido a las circunstancias en las que se produjo: la joven de 23 años fue ultimada mientras realizaba una transmisión en vivo por TikTok desde su negocio Blossom The Beauty Lounge. La Fiscalía de Jalisco investiga el incidente como feminicidio.

Otros objetivos de las sanciones

La medida también alcanza a Julio Alberto Castillo Rodríguez, conocido como ‘El Chorro’, yerno de ‘El Mencho’ y potencial heredero dentro del cartel. Este sujeto está vinculado con estrategias de reclutamiento masivo para la organización criminal.

Gonzalo Mendoza Gaytán, alias ‘El Sapo’, es señalado por dirigir operaciones de reclutamiento, mientras que Audias Flores Silva, apodado ‘El Jardinero’, enfrenta acusaciones por administrar laboratorios clandestinos de metanfetamina. Por información sobre Flores Silva, la recompensa establecida es de hasta cinco millones de dólares.

Las sanciones impuestas incluyen el bloqueo total de bienes y activos que estas personas posean en territorio estadounidense. Esta acción representa una nueva fase en la presión internacional contra la estructura del CJNG y sus operaciones transfronterizas.

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