Un hombre vinculado a acusaciones de abuso sexual y pornografía infantil logró un puesto judicial en Veracruz, pese a que fue detenido durante su campaña y permaneció en prisión preventiva. Héctor Ulises Orduña, acusado por hechos ocurridos en 2021 en una clínica de Poza Rica, ganó su plaza de juez federal en materia mixta con apenas 44,221 votos, poco más de mil sufragios que separaron al siguiente candidato. La elección judicial del 1 de junio marcó un caso inusual, dado que Orduña no pudo participar activamente en su campaña y no llegó a emitir su propio voto.

Proceso de selección cuestionado

El comité responsable de evaluar a los aspirantes a jueces fue criticado por su laxitud. Orduña fue aprobado por el comité del Ejecutivo, considerado el más permisivo. Javier Martín Reyes, académico de la UNAM, señaló que la validación pudo deberse a una revisión insuficiente, que no detectó posibles antecedentes. “Se les coló de todo”, sentenció el experto, quien considera que un análisis más riguroso habría impedido su candidatura.

Acusaciones y contexto de los hechos

Las denuncias contra Orduña se remontan a septiembre de 2021. Durante una visita familiar en una clínica de Poza Rica, presuntamente realizó tocamientos a su sobrina menor de edad y le mostró vídeos explícitos. Además, fue relacionado con casos de pornografía infantil en Estados Unidos, aunque no se han proporcionado detalles sobre dichas conexiones. Fue detenido el 5 de abril acusado de abuso sexual, y al día siguiente comenzó su estancia en prisión preventiva.

Votación ajustada y mínima participación ciudadana

Orduña logró su lugar con un porcentaje mínimo de votos válidos. Su triunfo se sustentó en el 1.03% del total de electores y en el 1.75% de los votos válidos. Esta estrecha diferencia llevó a cuestionamientos sobre el sistema de elección. Según Martín Reyes, “en el segundo lugar puede que haya imperado la lógica del melate, o que estuviera en algún acordeón menos potente y con algo de suerte salió electo”. Este resultado ilustra las críticas sobre la baja participación ciudadana y la dificultad para garantizar la idoneidad de los nuevos jueces.

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Revisión posterior y posibilidad de anulación

El Instituto Nacional Electoral (INE) está analizando si procede la invalidación de su elección. El organismo debe decidir si aplica el criterio 8 de 8 contra la violencia de género, que permite anular resultados en casos con sentencias firmes por este tipo de delitos. Sin embargo, no existe claridad sobre cómo actuarán cuando aún no hay condena o juicio concluido. La presión social y política podría incidir en la decisión final, dejando al INE y al Tribunal Electoral como los últimos filtros antes de que los nuevos jueces asuman sus funciones.

En el proceso de selección de jueces para el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, se ha revelado que el porcentaje de ciudadanos que eligieron a los postulados que aparecían en las llamadas ‘listas de acordeones’ alcanza el 90%. Esta estadística, según ha señalado Martín Faz, uno de los cinco consejeros electorales que rechazan la validación del proceso judicial, tiene una probabilidad tan baja que sería similar a ganar un premio mayor en una lotería.

Operativo conjunto contra instalación clandestina

En un operativo conjunto, autoridades federales aseguraron una instalación clandestina dedicada a la producción ilegal de derivados del petróleo en Coatzacoalcos, Veracruz. La acción involucró a múltiples instituciones gubernamentales, incluyendo la Secretaría de Seguridad encabezada por Omar García Harfuch, Ejército, Marina, Guardia Nacional, Pemex, Sener y la Fiscalía General de la República.

Capacidad y productos ilegales

El lugar operaba sin autorización legal y producía diversos productos petroleros de forma artesanal, entre ellos:

• Diésel alternativo
• Nafta ligera y solventes
• Combustóleo derivado de aceites tratados

“Diésel artesanal o alternativo, nafta ligera o solventes, aceites tratados o combustóleo ligero. Dicha instalación no tenía los permisos necesarios para operar, además de que representaba un riesgo ambiental en la localidad”, detalló García Harfuch.

Secuestro de materia prima y equipo

Durante el aseguramiento, se recuperaron 500,000 litros de petróleo crudo, valorados aproximadamente en 25 millones de pesos, lo que equivale a casi 1.25 millones de dólares. El operativo también incautó:

• 7 tanques móviles de gran capacidad
• 4 tanques verticales
• Infraestructura especializada para separación y traslado de hidrocarburos

Impacto económico del robo de combustible

Este tipo de actividades ilegales ha generado pérdidas económicas significativas a Pemex, estimadas en más de 75,710 millones de pesos (casi 3,786 millones de dólares) desde 2019 hasta el año anterior. Solo en los primeros tres meses de 2025, las pérdidas ascendieron a 5,471 millones de pesos (aproximadamente 274 millones de dólares).

Proporción del mercado negro

Según información proporcionada por la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), cerca del 30% del combustible comercializado en México proviene de fuentes ilegales. Esta situación representa un desafío importante para las autoridades y empresas legales en el sector energético.

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Continuación de investigaciones

El inmueble permanece bajo custodia policial mientras avanzan las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se han reportado detenidos en relación con esta operación. El Ministerio Público se encuentra a cargo de integrar la carpeta de investigación para determinar responsabilidades y posibles cargos legales.