Estudio internacional propone medidas fiscales para transformar hábitos alimenticios

Un análisis conjunto de la Universidad de Edimburgo y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) sugiere implementar impuestos sobre productos cárnicos para disminuir su consumo en México. La investigación, publicada en la revista científica Plos One, detalla cómo un incremento del 10% en el precio de estos alimentos podría reducir su demanda entre un 7.9% y 8.3%.

La medida busca combatir dos frentes simultáneos: por un lado, los problemas de salud asociados al consumo excesivo de carnes procesadas y rojas, y por otro, el impacto ambiental generado por su producción. Esta propuesta surge después de que México incluyera criterios de sostenibilidad en sus Guías Alimentarias Nacionales en 2023.

Impacto diferenciado según nivel socioeconómico

“El cambio climático ya está aquí, y no tenemos suficientes recursos en el planeta para mantener la demanda global de carne”, afirmó Kaela Connors, autora principal del estudio. La investigadora destacó que los grupos de bajos ingresos reducen significativamente su consumo cuando aumentan los precios, aunque ya presentan menores niveles de consumo que sectores privilegiados.

Según el análisis: las familias de menores recursos suelen sustituir la carne por opciones tradicionales como legumbres y mariscos. Para mitigar posibles efectos negativos, se propone utilizar parte de los ingresos obtenidos mediante estos impuestos para subsidiar alimentos nutritivos.

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Experiencia previa en políticas fiscales alimentarias

El país cuenta con antecedentes innovadores en esta materia: en 2014 se convirtió en el primer estado en aplicar un gravamen a bebidas azucaradas. La investigadora destacó esta trayectoria como base sólida para implementar nuevas medidas fiscales en el sector alimentario.

“La clave está en garantizar que las alternativas nutritivas sean asequibles”, enfatizó Connors, quien considera que el momento actual es óptimo para avanzar en esta dirección, aprovechando iniciativas como la prohibición de alimentos procesados en instituciones educativas públicas.

Conexión entre salud pública y sostenibilidad ambiental

El estudio no solo presenta diagnósticos, sino que propone una hoja de ruta concreta: busca establecer una conexión directa entre políticas fiscales y patrones de consumo. La propuesta busca equilibrar objetivos de salud pública con metas ambientales a través de intervenciones gubernamentales.

“Es una oportunidad para que México logre al mismo tiempo sus objetivos de salud pública y de sostenibilidad”

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Acción colectiva en dependencia federal

Un grupo de activistas identificado como Lleca Escuchando la Calle, A. C., realizó actos de daño en las oficinas centrales de la Secretaría de Gobernación durante una movilización orientada a exigir el reconocimiento legal de derechos para personas transexuales. Los hechos tuvieron lugar en la Ciudad de México el 27 de junio de 2025, alrededor de las 20:36 horas.

Contexto y motivaciones

La protesta surgió con el objetivo específico de llamar la atención sobre la necesidad de reformas legislativas que garanticen derechos fundamentales a la comunidad transgénero. Los manifestantes expresaron su descontento mediante acciones que afectaron infraestructura de la dependencia federal, sin que trascendieran mayores detalles sobre el alcance exacto de los daños.

Marco temporal y ubicación

El evento se desarrolló en la capital del país durante la tarde-noche del día mencionado, concentrándose en las inmediaciones de las oficinas principales de la Segob. La organización responsable del acto se identificó públicamente como Lleca Escuchando la Calle, A. C., manteniéndose el enfoque en la visibilización de sus demandas relacionadas con la transexualidad.

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Informe revela negligencia institucional en tragedia de Tlahuelilpan

Seis años después del siniestro en San Primitivo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un documento donde se establece que la empresa productora de hidrocarburos no actuó oportunamente ante los riesgos asociados a las extracciones ilegales. El accidente del 18 de enero de 2019 provocó la muerte de 138 personas en la comunidad de Tlahuelilpan.

El análisis especial indica que la empresa no cumplió con los protocolos establecidos para prevenir riesgos, ni atendió las disposiciones legales en materia de derechos humanos y protección ambiental. Además, se señala que los sistemas tecnológicos empleados para detectar extracciones ilegales están desactualizados y no permiten una acción rápida ante estas situaciones.

Impacto económico y social sin medidas de reparación

El gasto público generado por la emergencia superó los 85 millones de pesos según el documento presentado el 22 de junio. Sin embargo, no se han implementado acciones concretas para abordar los daños materiales, sociales o ambientales, ni existe un mecanismo integral de apoyo para las personas afectadas.

La CNDH exige la creación de un programa conjunto con autoridades locales y estatales que incluya la participación ciudadana para la recuperación del área afectada y la preservación de la memoria de las víctimas. Señala que el incumplimiento de estos deberes por parte del Estado mexicano representa un patrón de negligencia institucional hacia las comunidades.

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Demanda de prevención y atención integral

El informe destaca que la empresa ha enfocado sus esfuerzos en cerrar puntos de extracción ilegal sin implementar estrategias preventivas frente al creciente fenómeno del robo de combustible. Se le responsabiliza también de garantizar la seguridad de la población y prevenir accidentes de este tipo.

La CNDH inició el expediente de queja en relación con los hechos en Tlahuelilpan debido a su relevancia social, considerando el número de víctimas fatales y heridos, así como la posible participación de autoridades en diferentes niveles de gobierno según la información difundida por medios de comunicación.