El Gobierno Federal tiene programado entregar recursos económicos en el séptimo mes del año mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar, destinados a grupos en situación vulnerable en todo el territorio nacional. Estas transferencias monetarias directas forman parte de las políticas sociales implementadas para mejorar la calidad de vida de sectores marginados.

Beneficiarios y Montos por Programa

Se espera que más de 16 millones de personas sean atendidas por estos esquemas, con una inversión total que supera los 88 mil millones de pesos. Durante julio, seis iniciativas prioritarias distribuirán apoyos a diferentes segmentos poblacionales:

• El Programa de Pensiones para Adultos Mayores otorgará 6,200 pesos cada dos meses a personas con 65 años cumplidos o más, con una cobertura aproximada de 12.7 millones de beneficiarios. El cronograma de dispersión se definirá según la letra inicial del primer apellido, información que se conocerá al inicio del mes.
• El esquema de Apoyo para Personas con Discapacidad entregará 3,200 pesos bimestrales a individuos entre 0 y 64 años con discapacidad permanente, abarcando a más de 1.3 millones de personas. El abono se realizará mediante la tarjeta oficial.
• El Programa de Mujeres en Situación Vulnerable proporcionará 3,000 pesos cada dos meses a mujeres de entre 60 y 64 años. Este apoyo opera como política estatal en el Estado de México, donde se habilitaron nuevos registros en 2025.
• El Apoyo para Niños de Madres Trabajadoras cubrirá montos variables de 1,650 a 3,720 pesos bimestrales destinados a madres sin acceso a servicios de guardería, con hijos menores de 4 años (extendidos a 6 años en casos de discapacidad).
• La iniciativa Jóvenes en Formación Integral otorgará 8,480 pesos mensuales a jóvenes de entre 18 y 29 años que no cursen estudios ni tengan empleo formal, con abonos programados entre el quinto y décimo quinto día del mes.
• El programa Desarrollo Rural Sostenible entregará 6,450 pesos mensuales a productores agrícolas mayores de edad ubicados en zonas rurales, con pagos estimados en la primera quincena del mes.

  Información sobre Cronogramas y Canales Oficiales

  Las fechas específicas para los programas bimestrales, incluyendo los destinados a adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras y mujeres vulnerables, se darán a conocer oficialmente durante los primeros días de julio. Esta información será difundida a través de los canales institucionales de la Secretaría encargada del Desarrollo Social, liderada por Ariadna Montiel Reyes.

  Programas Suspendidos Temporalmente

  Las becas educativas federales no realizarán transferencias durante el séptimo mes del año, debido a coincidir con el periodo vacacional escolar. Estos apoyos se reanudarán en septiembre, incluyendo:

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  • La Beca de Apoyo Escolar Secundario (más conocida como Beca Benito Juárez) con montos de 1,900 pesos bimestrales para nivel medio superior.
  • La Beca de Formación Universitaria (Jóvenes Escribiendo el Futuro) que otorga 5,800 pesos bimestrales para estudios superiores.
  • La Beca de Apoyo Primario (Rita Cetina) destinada a estudiantes de secundaria, con montos de 1,900 pesos bimestrales por alumno y un adicional de 700 pesos por estudiante adicional en el mismo hogar.

  Medios de Entrega y Prevención de Fraudes

  La entrega de todos estos apoyos se realizará de manera directa mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar. Se recomienda encarecidamente a los beneficiarios revisar sus saldos y mantener la confidencialidad de sus datos personales para prevenir cualquier intento de estafa.

  “Con estos apoyos, el Gobierno de México continúa su estrategia de bienestar y justicia social, enfocándose en los sectores más vulnerables del país: adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad.”

Alerta internacional por lavado de dinero

La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) emitió un comunicado identificando a tres instituciones financieras mexicanas bajo sospecha de actividades ilícitas. Las entidades señaladas son CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.

Las instituciones fueron catalogadas como “preocupación principal de lavado de dinero”, lo que motivó la aplicación de restricciones en sus operaciones financieras. Las autoridades estadounidenses vinculan estos movimientos con el tráfico ilegal de opioides, un tema prioritario en la seguridad internacional.

Conexión con cárteles mexicanos

Según los reportes, Vector Casa de Bolsa “ha desempeñado un papel de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo”. Esta firma de inversiones maneja activos por 11,000 millones de dólares.

Antecedentes del empresario

El propietario de Vector Casa de Bolsa es Alfonso Romo Garza, un magnate de 74 años originario de Ciudad de México. Su linaje político incluye parentescos con figuras históricas como Francisco I. Madero y Gustavo A. Madero.

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Formado como ingeniero agrícola en el ITESM, Romo construyó su imperio financiero desde 1987 cuando adquirió Vector Casa de Bolsa junto a un grupo de inversionistas. Actualmente la empresa opera en 11 países con más de mil empleados.

Vinculaciones políticas

El empresario ha mantenido relaciones con diversos líderes políticos. Fue coordinador de campaña de Vicente Fox en el 2000 y posteriormente designado como coordinador del Proyecto de Nación por Andrés Manuel López Obrador en 2018. Su labor fue crucial para estabilizar la relación con el sector empresarial durante los primeros años del gobierno actual. Romo dejó su cargo oficial el 2 de diciembre de 2020.

Reformas aprobadas por mayoría

El Senado de la República dio su aval a modificaciones en la legislación contra el lavado de dinero, buscando alinearse con estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Con una votación de 74 a favor, 13 en contra y 19 abstenciones, los cambios afectan múltiples aspectos del combate a flujos ilícitos de capital.

Fortalecimiento de instituciones

Se ampliaron las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la lucha contra financiamiento terrorista y narcotráfico. La reforma establece que la Fiscalía General de la República (FGR) debe informar automáticamente a la UIF sobre cualquier delito relacionado con lavado de dinero para coordinar acciones penales y perseguir estructuras criminales.

El Servicio de Administración Tributaria obtiene potestad para solicitar información a cualquier entidad gubernamental u órganos autónomos sobre transacciones financieras sospechosas. Se añadió al artículo 51 de la ley que instituciones federales, locales y municipales deberán entregar datos requeridos por Hacienda.

Vigilancia a sectores específicos

El Instituto Nacional Electoral (INE) estará obligado a facilitar información sobre partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes. Las secretarías del Trabajo, tanto federales como locales, deberán proporcionar datos sobre sindicatos y sus líderes. Petróleos Mexicanos (Pemex) también debe entregar información bajo esta normativa.

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“Inicia una persecución a mi punto de vista contra la informalidad, no contra el lavado de dinero”, señaló la senadora priista Claudia Anaya, quien cuestionó que las medidas afecten principalmente a sectores vulnerables.

Modificaciones a umbrales y definiciones

Se ajustaron los límites de transacciones financieras que activan alertas, pasando de pesos a UMAS. Cualquier persona moral que deposite 90 mil pesos en efectivo a una tarjeta de crédito sin estar actualizada en registros de proveedores podría ser investigada por lavado de dinero.

El término de Personas Políticamente Expuestas (PEP) se incorporó formalmente a la ley, obligando a bancos a monitorear operaciones de estos individuos. Se generará un listado oficial de cargos públicos considerados de alto riesgo.

“Al hablar de personas relacionadas, pues es un término muy ambiguo, un familiar, un esposo, un vecino, un compadre, un socio, un empleado”, denunció la senadora panista Guadalupe Murguía sobre la falta de precisión en los términos legales.

Posiciones encontradas en el debate

El senador morenista Óscar Cantón Zetina defendió las reformas como herramientas para combatir redes financieras del crimen organizado. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis posterior.

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“Van contra la clase más oprimida como pueden ser los trabajadores informales”, agregó la senadora Claudia Anaya sobre el impacto de los nuevos controles.