Decisión oficial por reforma legislativa

La Plaza México ha comunicado públicamente el cese definitivo de sus actividades taurinas, atribuyendo esta determinación a modificaciones legales recientemente implementadas por el Congreso local. Un comunicado difundido en plataformas digitales detalla que la nueva normativa provoca transformaciones esenciales en la esencia misma del espectáculo tradicional.

Impacto en la especie ganadera

Entre los puntos destacados del comunicado, se menciona que la eliminación de ciertos componentes tradicionales del evento taurino afectará directamente la supervivencia de una raza específica de ganado: “Esta reforma, que se presenta bajo el argumento de protección animal, tendrá como consecuencia justamente la desaparición del toro de lidia, una especie cuya existencia depende exclusivamente de la práctica taurina”.

Reacciones del gremio taurino

Figuras del ámbito taurino han manifestado su descontento ante estos cambios normativos, expresando preocupación por la pérdida de elementos culturales esenciales: “Nos quitan nuestra identidad como mexicanos”. La institución reconoce que continuarán esfuerzos para revertir esta situación legislativa.

Posición institucional

El documento oficial manifiesta discrepancias con la justificación oficial basada en el bienestar animal, señalando contradicciones: “La reforma representa una prohibición a la tauromaquia, pues elimina elementos esenciales de la misma y conlleva un cambio estructural que altera profundamente la naturaleza de la corrida de toros. Adicionalmente, es técnica y jurídicamente inviable llevar a cabo el denominado ‘espectáculo taurino sin violencia’”.

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Alerta sobre posible liberación

Antes de fallecer, la defensora de víctimas de secuestro Isabel Miranda de Wallace escribió una carta dirigida al comunicador Ciro Gómez Leyva, donde señalaba preocupación por la posible libertad de Juana Hilda González, condenada en el caso de su hijo Hugo Alberto Wallace.

“Derivado de toda la información que me hicieron llegar respecto a los actos de corrupción…”, escribió la activista en el documento, “sé que tarde o temprano se liberará a los mismos, empezando por Juana Hilda González Lomelí”, mencionó en su misiva.

Cuestionamiento al sistema judicial

La también exdirectora de Alto al Secuestro afirmó que no existían fundamentos legales para la liberación de la mujer. “No tienen elementos jurídicos para liberarla, y si lo hacen es por los actos de corrupción denunciados y sin apego a derecho”, expresó en su texto.

La activista acusó que la Primera Sala de la Corte Suprema atrajo el caso y advirtió que en caso de liberarla, los magistrados actuarían como organizaciones criminales, afectando la confianza ciudadana en el sistema judicial.

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Decisión judicial reciente

El 11 de junio la Primera Sala del Alto Tribunal dispuso la libertad de Juana Hilda González, sentenciada a 78 años por el deceso de Hugo Alberto Wallace. Los jueces determinaron falta de pruebas suficientes para sustentar la acusación.

La resolución del amparo presentado por la ahora liberada fue aceptada por mayoría de cuatro votos. Según la decisión judicial, las declaraciones de la mujer fueron obtenidas bajo presión, amenazas e intimidación.

Contexto de la misiva

La carta fue entregada por su hermano y abogado Roberto Miranda, quien explicó que la salud de Isabel se vio afectada tras un trasplante hepático en 2024 que requirió múltiples intervenciones quirúrgicas.

“Después de una intervención quirúrgica mi hermana se sintió prácticamente que iba a morir…”, indicó el familiar, “comenzó a darme instrucciones en varios asuntos, uno de ellos fue esta carta”.

El documento fue escrito en los primeros días de marzo, poco antes de su fallecimiento el 8 de marzo, tras permanecer en terapia intensiva del hospital de Nutrición desde el 10 de febrero.

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Intervención en cementerio de Jojutla revela nueva tragedia

En el panteón municipal de Pedro Amaro, en Jojutla, Morelos, se ha descubierto una fosa común que contiene restos de no menos de 60 personas, entre ellas un mínimo de 10 bebés y otros menores, así como mujeres. Este hallazgo se concretó tras un esfuerzo de cuatro semanas llevado a cabo por grupos de búsqueda y autoridades locales, en lo que constituye la cuarta incursión en este lugar para localizar desaparecidos.

Denuncias de fallas institucionales

Una de las madres que participa en las búsquedas, Amalia Alejandra Hernández Hernández, señaló que los datos obtenidos aún no son definitivos y apuntó errores en el manejo de los hallazgos por parte de la fiscalía estatal.

“Por ahora hay más de 60 cuerpos, con entre 10 y 12 bebés, y entre 10 y 12 mujeres, además de una decena de restos óseos”

, afirmó la denunciante.

Antecedentes de irregularidades en Morelos

Los hallazgos en esta localidad se enmarcan en un contexto más amplio de irregularidades documentadas desde 2015 en el estado de Morelos. Durante esos años se reveló que la fiscalía local enterró de manera inadecuada decenas de cuerpos en las comunidades de Jojutla y Tetelcingo. El primer operativo en este cementerio se realizó en 2017, después de que en Tetelcingo se encontraran restos que no correspondían a los registros oficiales.

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Suspensión de trabajos por riesgos estructurales

Los trabajos de exhumación recientes tuvieron que ser interrumpidos debido a un informe técnico que detectó grietas en el muro del cementerio, a consecuencia de las lluvias generadas por el huracán Erick. El lugar, ubicado a 60 kilómetros de Cuernavaca, sufrió daños que pusieron en riesgo la seguridad del sitio.

Demandas de mayor presencia institucional

En declaraciones recogidas por la revista Proceso, Amalia Hernández expresó que durante los trabajos no estuvo presente un antropólogo físico ni un arqueólogo de la fiscalía. La activista exigió al Congreso local que obligue al fiscal Edgar Maldonado a supervisar personalmente las operaciones:

“Queremos que venga, vea cómo trabajamos, escuche a las víctimas y sepa lo que pasa. No es lo mismo que recibir una tarjeta informativa”

.

Perspectivas de nueva intervención oficial

Penélope Picazo, encargada de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas de Morelos, informó que se estudia la posibilidad de una quinta intervención ministerial debido a la cantidad de cuerpos encontrados. Las tres etapas previas ocurrieron en 2017, 2022 y 2024, sin que hasta ahora se tenga un conteo definitivo de identificaciones realizadas.

Rechazo a la complicidad estatal

El activista Javier Sicilia ha vinculado directamente al Estado con las desapariciones, afirmando sobre las fosas en Morelos:

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“Las fosas de Tetelcingo y Jojutla, son la muestra, la prueba de cómo el Estado es criminal … En Tetelcingo y Jojutla se confirma que el Estado también desaparece personas”

.