Juzgamiento de expresión en redes sociales

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una resolución en Hermosillo, Sonora, donde una habitante fue considerada responsable de violencia política de género contra una representante federal del Partido del Trabajo, Diana Karina Barreras. La determinación surgió a partir de una publicación realizada en X durante el periodo electoral de 2024.

Publicación que generó controversia

La ciudadana Karla María Estrella, reconocida por su actividad en plataformas digitales, escribió el 14 de febrero de 2024 un comentario relacionado con la postulación de Barreras. En su mensaje, insinuaba que el esposo de la legisladora, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados en ese momento, influyó en su designación.

“Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”

, expresó en su publicación.

Denuncia formal y respuesta institucional

La legisladora presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral, argumentando que la publicación afectaba su trayectoria profesional y reproducía patrones que asocian los logros femeninos a la intervención masculina. Detalló que su historial incluye experiencia como regidora, diputada local y presidenta del Congreso estatal. El INE remitió una notificación el 27 de febrero de 2024 pidiendo a la usuaria justificar su mensaje y presentar comprobantes de sus declaraciones.

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Trámite ante instancias electorales

El asunto fue revisado sucesivamente por la Comisión de Quejas del INE, la Sala Regional Especializada del TEPJF y finalmente por la Sala Superior, todas concluyendo que la comunicación constituía violencia política en contra de una mujer por su condición de género. Las autoridades destacaron la ausencia de evidencia y el perjuicio que implica atribuir éxitos profesionales a relaciones familiares.

Consecuencias establecidas por el tribunal

Como resultado del fallo, Karla María Estrella enfrentará varias medidas: abonar una multa monetaria, emitir disculpas públicas durante un mes en sus perfiles, asistir a un taller sobre perspectiva de género, estudiar literatura especializada sobre el tema y divulgar la sentencia en sus medios. Además, permanecerá 18 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, administrado por el INE.

Declaraciones de la diputada afectada

En un comunicado grabado, Barreras manifestó que no considera fundamental una disculpa directa, pero afirmó que el suceso establece un referente para salvaguardar a otras féminas en el ámbito político.

“No se trata de censura”

, aseguró, destacando que la aplicación de la normativa busca combatir expresiones que limitan la participación femenina en la vida pública. Añadió que respeta el intercambio de ideas en temas colectivos, pero debe respetarse el marco jurídico evitando expresiones que perjudiquen a mujeres en aspiraciones electorales.

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Un estudiante de 12 años del Instituto Oriente está siendo procesado por su presunta responsabilidad en el asesinato de Natalia Sonia Andrade, ciudadana argentina y ex empleada del gobierno local de Puebla en el periodo 2014-2016. El suceso tuvo lugar el 2 de marzo en el fraccionamiento Querétaro, ubicado en Lomas de Angelópolis.

Detalles del caso

Según las primeras investigaciones, el menor habría entrado a la vivienda de la víctima como parte de un desafío escolar, con el objetivo de filmarla. Al ser descubierto dentro del inmueble, supuestamente atacó a Andrade, provocando su deceso por un fuerte traumatismo. El adolescente, quien residía cerca de la ahora fallecida, fue identificado gracias a cámaras de seguridad que captaron su imagen con un pasamontañas.

Reacciones y procedimientos legales

El pasado miércoles se celebró una audiencia en la Sala Especializada para Adolescentes, donde el joven compareció junto a su representante legal y un abogado. Actualmente se encuentra bajo ciertas medidas preventivas: no puede abandonar el estado de Puebla, debe permanecer bajo supervisión de sus responsables legales y se le prohíbe acercarse a testigos. Si se confirma su culpabilidad, sería internado en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA), enfocado en su reinserción social.

Contexto y declaraciones institucionales

La víctima, de 44 años y egresada en Ciencias Políticas, fue hallada sin vida por una amiga que llegó a su casa tras no verla en una audiencia por la custodia de su hijo. El guardia del fraccionamiento informó que no la había visto durante varios días. El Instituto Oriente, colegio de orientación jesuita, manifestó en un comunicado su rechazo a actos ilícitos y su disposición de colaborar con las autoridades. “La muerte de Natalia es un hecho doloroso por sí mismo, que nos afecta a todos porque deja al descubierto el muy lamentable deterioro del tejido social”, afirmó la institución educativa.

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Estatus actual del caso

La fiscal estatal, Idamis Pastor Betancourt, anunció que el menor ya fue vinculado formalmente al proceso y que su familia ha cambiado de residencia como medida de protección. El juez otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, la cual finalizará el 18 de agosto de este año. Además, se analiza si el crimen podría reconfigurarse legalmente como feminicidio.

El 17 de junio se activó la Ley Silla, una actualización en la normativa laboral que reconoce el derecho a tomar pausas sentado durante la jornada laboral. Esta modificación permite a los trabajadores contar con asientos provistos por sus empleadores, especialmente en espacios donde se realicen labores de pie.

¿Qué establece la nueva normativa?

La reforma obliga a los empleadores a instalar sillas con respaldo en zonas designadas dentro de los centros de trabajo. El objetivo es garantizar descansos periódicos para empleados que desarrollen sus actividades de pie, con excepciones en industrias donde la naturaleza del trabajo impida su aplicación. Además, se prohíbe exigir que los trabajadores permanezcan de pie durante toda su jornada.

Plazo para adaptaciones empresariales

Aunque el derecho es exigible desde el 17 de junio, las empresas tienen 180 días (hasta el 14 de diciembre de 2025) para incluir estas disposiciones en sus reglamentos internos. Durante este periodo, deben definir aspectos como los horarios de descanso, la ubicación de las sillas y los procedimientos para su uso.

Opinión de especialistas

EY México indica que desde el 17 de junio, las empresas están obligadas a proporcionar sillas con respaldo para descansos. Sin embargo, las sanciones por incumplimiento solo podrán aplicarse después del plazo de adaptación.

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“La reforma es exigible a partir del 17 de junio de 2025, fecha a partir de la cual, las empresas deben contar con sillas con respaldo para los trabajadores que lo requieran para la prestación de sus servicios o descansos periódicos”, señala la firma en una nota técnica.

Estefanía Rueda, socia de Littler, explica que el derecho al descanso ya es operativo, pero que la implementación física de las sillas puede depender de la adaptación de los reglamentos internos.

Punto de controversia legal

Algunas interpretaciones legales sugieren que la obligación de instalar las sillas podría postergarse hasta el 14 de diciembre, fecha en que vence el plazo para adecuar reglamentos. Esto se debe al artículo transitorio que vincula el cumplimiento con la actualización normativa interna.

Claridad de la autora de la reforma

Patricia Mercado, diputada y promotora de la iniciativa, asegura que el derecho al descanso es inmediato, aunque los detalles operativos se definirán progresivamente.

“Las sillas deben estar disponibles ya en los centros laborales, aunque en los siguientes meses o días vayan adecuando sus reglamentos internos donde van a detallar, por ejemplo, cómo serán los roles de descanso en una fábrica para que no pare la línea de producción o en qué área y momentos se permitirán los descansos en un restaurante”, explicó en su cuenta de X.

La legisladora destacó que las autoridades laborales pueden iniciar inspecciones preventivas, aunque sin aplicar sanciones hasta el cierre del periodo de adaptación.

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